¿Qué reclaman los indígenas emberá al Gobierno nacional y al Distrito?

Luego de la salida definitiva de más de 1.500 personas del parque Nacional el pasado 13 de mayo, autoridades distritales y nacionales y los líderes de las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB) firmaron un acuerdo de 10 puntos.

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Estos incluían cinco aspectos políticos -entre ellos participación de las AIB en la reformulación de la política pública indígena-, cuatro enfocados en las condiciones de vida de los indígenas -a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Unidad para las Víctimas y del Mininterior- y uno más de cumplimiento para los indígenas.

Los compromisos fueron el resultado de dos días de negociaciones –5 y 6 de mayo de 2022– en la sede del Centro de Memoria Histórica, conversaciones en las que representantes de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, la Procuraduría y la Personería de Bogotá fueron garantes.

Jairo Montañez, coordinador técnico de las AIB, afirmó este miércoles que dichos acuerdos no se han cumplido y que las condiciones en que viven cientos de indígenas en la UPI La Rioja es crítica.

"Todo se debe al incumplimiento de los acuerdos del 5 y 6 de mayo como también a la negación de dejarnos participar como pueblos en el marco de la reformulación de la política pública. Desafortunadamente la situación está así dada la negligencia, el incumplimiento y el desinterés de este Distrito y este Gobierno de cumplirles a las comunidades indígenas con las que hicieron un acuerdo en el parque Nacional", agregó Montañez.

Ante este pronunciamiento, la mandataria señaló que Bogotá “es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberás por más de 2 años” y que es inisible que los servidores hayan sido agredidos. “El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”, dijo.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno señaló que los acuerdos sí se han cumplido y que a agosto de 2022 se habían atendido 676 personas de la comunidad emberá y cerca de 267 estudiantes matriculados en el Colegio Restrepo Millán. "Se han invertido más de 9.000 millones de pesos en ayudas", agregó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.

Lo preocupante es que cinco meses después de la firma de los acuerdos no se sabe el avance real de cada uno de los puntos. La única información que se conoce al respecto es la suministrada por la Unidad para las Víctimas, que en julio de este año señaló que solo 182 personas habían retornado a Chocó y Risaralda tras la negociación.

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Dentro del primer acuerdo se estableció una estrategia para la implementación del artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital, el cual se centra en el enfoque diferencial étnico y en “la inclusión de programas, planes y proyectos específicos (...) y asignación presupuestal” para dichas comunidades.

El segundo punto contemplaba la participación de las Autoridades Indígenas en Bakatá en la reformulación de la política pública indígena. De acuerdo con Montañez, este ítem es fundamental para que la población étnica de Bogotá tenga garantías para habitar la ciudad y es en el que menos han visto avances.

En esa misma línea se acordó –como tercer punto– su participación en la mesa de enfoque diferencial de los pueblos indígenas. Dicha labor estaría liderada por la Alta Consejería de Paz, que también se comprometió a revisar la viabilidad de la modificación del Decreto 512 de 2019, el cual se refiere al protocolo de participación de las víctimas del conflicto armado en Bogotá.

El quinto punto del acuerdo se enfocó en la participación de las AIB en los “escenarios de coordinación de proyectos en las alcaldías locales” de la mano del Idpac y de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, el Ministerio del Interior se comprometió en aquel momento a apoyar proyectos productivos de las personas que quisieran retornar a sus regiones.

Para las personas que iban a ser reubicadas en Bogotá -séptimo punto-, la Unidad para las Víctimas señaló que entregaría 200 “kits de hábitat” con colchonetas, cobijas, sábanas y toldillos. Además, 200 mercados para el primer mes.

El octavo punto, que le correspondía al Gobierno, Mininterior, Unidad para las Víctimas y a la Secretaría de Desarrollo Económico, era garantizar alimentación, transporte y atención escolar, en salud y en primera infancia, para las personas que ubicadas en la UPI La Florida. Además, el Ipes proporcionaría espacios comerciales para venta de artesanías y ferias.

Por último, las Autoridades Indígenas en Bakatá se comprometieron a que los acuerdos realizados con el Gobierno Nacional y el Distrito Capital se verían reflejados en todas las personas que hacen parte de las comunidades indígenas.

REDACCIÓN BOGOTÁ