Marcha por Dilan Cruz recordó caos de noviembre del 2019

El 23 de noviembre del 2019, tres días después de que recibió el impacto de un proyectil calibre 12 del Esmad, Dilan Cruz, un joven que participaba de las manifestaciones del Paro Nacional, falleció y abrió un nuevo capítulo de la protesta social en la capital del país.

Un día antes, tras jornadas de intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, y en los que hubo escenas dramáticas como el robo de un bus del Sitp que luego fue usado para tumbar la puerta de un supermercado que saquearon, el presidente de la República, Iván Duque, y el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretaron un toque de queda histórico, ya que un capítulo como este no se veía desde el 14 de septiembre de 1977.

“Colombia es una democracia sólida que a lo largo de la historia ha pasado por muchas pruebas. En democracia nos debemos pronunciar pacíficamente, y por eso debemos rechazar cualquier forma de violencia que pretende intimidarnos”, dijo en su momento Iván Duque.

Y las consecuencias de esta determinación aún siguen vigentes. Muestra de ello son las manifestaciones en conmemoración del pasado 21 de noviembre, día en el que se inició el Paro Nacional el año pasado, y las ocurridas este lunes en el punto donde cayó herido, recordando la muerte aún impune del joven de 18 años que soñaba con ser psicólogo.

No obstante, pese al sentimiento de rechazo por lo ocurrido, Yenny Alejandra Medina Pulido, madre de Dilan, envió un mensaje de calma, pidiendo a los manifestantes que en honor a su hijo, las protestas ocurrieran de manera pacífica, como finalmente ocurrieron. Pero también exigió justicia.

“Que estas personas, policía, Esmad y estas personas que nos hacen daño a nuestros familiares, que paguen, porque es nuestro derecho, es lo que exigimos”, dijo. Otro episodio reciente que también hizo recordar aquellos días de noviembre del año pasado, fueron las violentas protestas que se suscitaron el 9, 10 y 11 septiembre de este año tras el asesinato, por parte de integrantes de la Policía, del estudiante de derecho, Javier Ordóñez.

Ese día, y ante la violencia en contra de los CAI de la ciudad, muchos le pidieron a la alcaldesa, Claudia López, que decretara de nuevo un toque de queda, medida que rechazó tajantemente.

“¿Qué es decretar un toque de queda? Es decirles a los ciudadanos que no pueden salir, que si la Policía los ve en la calle los va a hacer entrar a su casa. ¿De verdad queremos una razón más de confrontación entre la Policía y la ciudadanía?”, dijo la mandataria. La posición de la alcaldesa también estaba marcada por lo ocurrido en el 2019.

Esa determinación fue traumática para una ciudadanía que en medio de la confusión salió temprano del trabajo para resguardarse en casa, y que tuvo que pasar una noche de zozobra en la que creyó, desde las 9 p.m., cuando entró en vigor la medida, hasta el salir del sol del 23 de noviembre, que grupos de ladrones estaban arrojándose a los conjuntos residenciales para desocupar apartamentos.

Las redes sociales y los medios de comunicación, haciendo eco de mensajes virales, e incluso de personas cercanas que aseguraban haber visto ladrones intentando trepar rejas y muros, propagaron la falsa idea de que la delincuencia se había extendido a tal punto que los ciudadanos decidieron armarse con lo que tenían para proteger a los suyos.

Pese a los mensajes de calma que enviaba desde el PMU el alcalde, Enrique Peñalosa, quien aseguraba que no había ni una denuncia formal sobre racimos de criminales trepándose a los edificios, de sur a norte, y de oriente a occidente, los bogotanos sacaron desde machetes, bates, cadenas, e incluso armas de fuego que jamás tuvieron que usar. “Vivo en un conjunto que se llama Toledo, en el piso 11. Escuché la alarma y vi a los vecinos gritando que se estaban metiendo personas, cuando salí a la ventana vi a los vecinos con palos y otras herramientas en los bordes de la reja para evitar que alguien entrara”, contó en medio de la situación Patricia Pantoja.

Pese a todo esto, un hecho reciente también hizo recordar los difíciles días de noviembre del 2019. Se supo que el nivel de violencia y vandalismo que se vivieron ese día eran producto de un plan organizado por disidencias de las Farc. O por lo menos así lo asegura la Fiscalía en una minuciosa investigación que permitió determinar cómo el caos en localidades como Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy, hacía parte de un plan para tratar de desestabilizar la ciudad, y lo lograron parcialmente.

Por estos hechos, están en la cárcel cuatro personas. Se les acusa de financiar y coordinar las acciones violentas a través de ciudadanos que fueron comprados con dinero, o engañados para hacerles creer que estas acciones de hecho eran necesarias para cambiar la realidad del país.

Un año después, son muchas las lecciones aprendidas, y prueba de ello es la forma en la que han ocurrido las protestas de estos días. A través de protocolos y órdenes judiciales que les han impuesto, nuestros gobernantes están tratando de dejar reglas claras que garanticen los derechos de quienes legítimamente se manifiestan, tanto como de quienes no lo hacen, para que episodios como los de noviembre del 2019, y septiembre del 2020, jamás se vuelvan a repetir en la ciudad.

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BOGOTÁ

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