No cesa polémica por medidas de control a delincuencia de migrantes

La situación de los migrantes en Bogotá volvió a ser causa de debate por los anuncios del Distrito sobre la creación de un comando especial para combatir estructuras criminales que involucren a esta población.

Aunque Migración Colombia no dio aval para poner en marcha la medida, la alcaldesa, Claudia López, volvió a insistir en la necesidad de su creación. “A las minorías criminales debemos judicializarlas, pero para esto necesitamos identificarlas y por eso pedimos este comando conjunto. Los ilegales cruzan las fronteras de manera ilegal y por eso es tan difícil identificarlos”, dijo.

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Y agregó que quienes cometen delitos no hacen los procesos de registro, por lo que el Distrito proponía un patrullaje que articulara trabajos policiales y migratorios para encontrarlos. De hecho, entre las decisiones que se tomaron esta semana, tras una reunión con Migración, está avanzar en el registro e identificación de migrantes en la ciudad.

Esta propuesta causó molestias, incluso, en el panorama internacional. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación y manifestó que se deben “adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria”.

A nivel internacional ya existe este tipo de comando como el que propuso López. En Perú, desde enero de 2020 se habilitó la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera, cuando el Ministerio del Interior de este país indicaba que el 2 por ciento de los delitos era cometido por esta población.

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Este diario, a través de su Unidad Ivestigativa, tuvo a los resultados de esta unidad élite, dentro de los cuales se destacan capturas de algunos delincuentes buscados por la Interpol, como José Pineda Godoy, quien pertenecía a la banda criminal ‘Potes de la Pólvora de Jordano’. También capturaron a un cabecilla del ‘Tren de Aragua’, banda criminal que ha llegado a tener influencia en el territorio colombiano.

Aunque este comando había sido descartado por Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en la discusión medió el presidente Iván Duque al indicar que “uno no puede llamar a ciertas formas de delincuencia: delincuencia migrante; eso no es preciso”.

Para el mandatario, la política migratoria debe estar centrada en el Estatuto Temporal de Protección, que ha permitido darles estatus temporal a cerca de 1,8 millones de venezolanos.

“¿Para qué sirve también ese estatus? Para que tengamos antecedentes, para que tengamos la posibilidad de identificar en caso de que alguno de ellos vaya en contra de la justicia colombiana”, expresó Duque.

Expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en señalar que en situaciones migratorias como la de la población venezolana hacia Colombia es usual que también migren al país de acogida algunos fenómenos de seguridad o disputa, por lo que uno de los factores claves es trabajar en la prevención.

“Cuando estas personas llegan al país que las recibe tienen que buscar una forma de ganarse la vida. En el caso de los migrantes venezolanos, por el contexto de pandemia, la capacidad de acceder a los mercados informales se ha disminuido de forma sensible, y eso era lo que les permitía a muchos acceder a un sustento. Con la situación actual, la crisis económica, hay organizaciones criminales que buscan instrumentalizarlos y reclutarlos para actividades delincuenciales”, explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

En ese sentido, el experto en seguridad ciudadana Isaac Morales, de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que es clave atacar los problemas de fondo que propician que los migrantes resulten en hechos delictivos. “Hay que pensar cómo se dan los procesos de integración de la población migrante a ámbitos económicos y sociales. Sabemos que su situación vulnerable no justifica que cometan acciones delictivas, por eso hay que fortalecer estrategias como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, acompañar los procesos en comunidades de acogida y brindarles mayores condiciones de seguridad”.

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Sobre este punto, el investigador Ronal Rodríguez pone de relieve que, en general, los migrantes tienen menos a la justicia y seguridad. “Quienes están en condición irregular son menos propensos a solicitar protección o ayuda a las autoridades, por temor a que los expulsen o deporten”, dice, y explica que desde el Observatorio se han documentado casos de migrantes que, por ejemplo, buscan seguridad en otro tipo de actores, como quienes controlan criminalmente el barrio donde viven, lo que puede generar mayores dificultades.

Para Stephania López Villamil, investigadora del grupo de Migraciones y Desplazamiento de la Universidad Nacional, hay que partir de la base de que “el delito no tiene nacionalidad”. La experta asegura que “se necesitan políticas públicas integrales dirigidas a toda la población –sea nacional o extranjera– para combatir los niveles de inseguridad. Eso no implica que se focalice en una sola población”.

La alcaldesa también ha sido insistente en que el registro de identificación podría acercar a la población migrante a los servicios sociales que dispone el Distrito. “El Gobierno Nacional tiene una política que nosotros compartimos, que es el Estatuto de Protección al Migrante decente, al trabajador, que en el caso de Venezuela viene huyendo de una dictadura”, dijo López.

Por esto, una de las metas del Distrito es que el 100 por ciento de los migrantes tengan registro e identificación al finalizar el año. Esto permitiría no solo tener un diagnóstico de esta población, sino también enrutarlos hacia temas de educación o empleo.

Desde hace más de tres años, Bogotá viene adelantando este tipo de trabajos. Actualmente, a través del Centro Distrital para la Integración y Derechos del Migrante y Refugiado (Cedid) y el Centro Integral de Atención al Migrante (Ciam), esta población puede conocer el tipo de apoyos que se entregan.

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Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, explica que, luego de las extensas caminatas, los migrantes en el Cedid pueden recibir una primera atención a través de ayudas humanitarias y espacios para la atención de mujeres, niños y adolescentes. Asimismo, este cuidado puede ser brindado en el Ciam, que está en el terminal de transporte del Salitre.

“Niños y niñas de población migrante que quieran ingresar a los jardines infantiles de Integración Social pueden hacer el proceso en estos lugares. La invitación que hacemos a las familias migrantes es que no sientan ningún temor de venir, no se va a deportar. Nosotros generamos es protección”, dijo la secretaria.

Esta cercanía a las instituciones permitiría saber si alguna familia de migrantes está en condiciones de vulnerabilidad. “Si hay personas que requieren el apoyo del Gobierno, son sujetos de especial protección”, sostuvo Navarro. Según esta entidad, 31.211 migrantes han sido atendidas por la actual istración distrital a corte de junio del 2021. En Bogotá, según las últimas cifras distritales, se encuentra el 20 por ciento de migrantes venezolanos que hay en el país, cifra que corresponden a 340.711 personas.

*Con apoyo de la Redacción Justicia.