Bogotá urge deshacinar estaciones y URI por riesgo de coronavirus

El alto nivel de hacinamiento en las estaciones de policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que hoy es superior al 132 %, ha convertido a estos reclusorios temporales en los lugares donde existe mayor riesgo de contagio de covid-19 en Bogotá.

Ante esta situación, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, urgió al Gobierno Nacional a reglamentar la emergencia carcelaria, declarada el pasado 23 de marzo, con el fin de deshacinar las cárceles. Sin embargo, aún no se ha decidido cuáles internos podrán cumplir la condena en detención domiciliaria o a través de alguna pena alternativa. Según el Ministerio de Justicia, el proyecto está siendo revisado en Presidencia.

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Cifras del Inpec indican que en las tres cárceles nacionales que hay en la ciudad (La Modelo, La Picota y El Buen Pastor) tienen capacidad para 10.341 internos; sin embargo, hoy se encuentran 16.610, para un sobrecupo del 60,6 por ciento.

Y en las 20 estaciones, los calabozos de la Sijín y las dos URI, el problema es incluso más grave. Entre todas tienen una capacidad para 662 personas, y actualmente cuentan con 1.536, para una sobrepoblación de 132,2 por ciento.

“Ese hacinamiento es muy peligroso. La emergencia carcelaria nos ayudaría, bajaría un poco la tensión y, en términos generales, salvaría vidas”, le dijo Acero a EL TIEMPO.

La actual istración le había propuesto desde principio de año al Ministerio de Justicia la construcción de una nueva cárcel distrital como solución definitiva al hacinamiento carcelario en la ciudad, particularmente en las estaciones de policía y las URI. Pero esta alternativa poco ha avanzado o, como dice Acero, se ha ido “enredando”.

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La idea original era que el nuevo reclusorio estuviera en predios de La Picota y que tuviera capacidad para 2.200 internos. Luego se aumentó su población a 3.300. No obstante, el Ministerio de Justicia no estuvo de acuerdo con la ubicación propuesta y planteó que sea en un municipio de la Sabana. Sin embargo, el tema se enfrenta ahora a la disponibilidad de servicios públicos, principalmente agua.

“El problema carcelario hay que solucionarlo de fondo. La única manera de solucionarlo en el mediano y largo plazo es construir nueva infraestructura carcelaria en Bogotá”, insiste Acero.

Pero mientras se resuelve el asunto, al secretario le preocupa que en la actual crisis por covid-19 aún no se haya tomado una decisión, en el marco de la emergencia carcelaria, sobre qué internos pueden salir.

Entre tanto, según el funcionario, en las estaciones de policía y las URI permanecen personas condenadas que no han sido recibidas en las cárceles, con detención domiciliaria, pero que aún no han podido cumplir la pena en sus casas y otros que pueden beneficiarse de medidas alternativas. Estos sitios, por el hacinamiento de las cárceles, se han vuelto el lugar de tránsito obligatorio para muchos capturados.

“Hay que definir en el tema de la emergencia carcelaria quiénes van a salir, un poco para bajarles la presión a los establecimientos carcelarios y para que algunas personas que tenemos condenadas puedan salir y quedar en menos riesgo que en la condición en la que están en las estaciones y URI”, aseguró el secretario, quien también manifestó que una vez se reglamente la emergencia carcelaria, los jueces deben agilizar la salida de esas personas.

Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, quien considera que es urgente deshacinar los centros penitenciarios, dice que las herramientas para hacer ese proceso están a la mano. Se trata del ‘Perfil de riesgo de reincidencia para la solicitud de medidas de aseguramiento’ (Prisma), un instrumento de la Fiscalía para determinar el nivel de peligrosidad de un recluso.

“Los criterios no pueden ser solo la pena cumplida o los delitos cometidos”, dijo Mejía.

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Ante la actual situación, respecto a la Cárcel Distrital, con 962 internos, la istración contempla destinar uno o dos patios para atender a los internos que resulten contagiados. Sin embargo, para eso se necesita que algunos reclusos vayan a cárceles nacionales o cumplan sus penas en las casas.

La misma solución se plantea para las estaciones y URI, pero mientras continúen con hacinamiento, según Acero, no habrá sitios donde se puedan atender a los que se enfermen.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ