No obstante el cambio de gobierno, inconformismo no cesa en las universidades

Parece que regresó a Bogotá la temporada de manifestaciones y protestas de jóvenes estudiantes de las universidades públicas. Lo que en un comienzo se pensó que cesaría con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro terminó siendo un puñal de doble filo con el que los estudiantes de Bogotá le han reclamado al Gobierno la falta de atención sobre la educación superior en la capital y, en general, en el país.

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Es tanta la molestia de esta población en la ciudad que, el martes 7 de marzo, estudiantes de las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica protagonizaron protestas que derivaron en bloqueos y en algunos enfrentamientos frente al Ministerio de Educación.

Incluso, algunos manifestantes arremetieron contra la infraestructura de la sede de la Universidad Nacional de la calle 26, rompiendo e incinerando todos los torniquetes nuevos que habían sido instalados recientemente para evitar la entrada de colados.

“Ha aumentado el sentimiento de desesperanza por parte de algunos sectores estudiantiles que creyeron que este gobierno iba a ser distinto con la educación superior, pero, por el contrario, se está continuando con las mismas prácticas, no se están cumpliendo las promesas de campaña y continúa la precarización de las universidades”, le contó a EL TIEMPO Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y exrepresentante estudiantil de la Universidad Nacional.

Sin embargo, aunque la falta de atención del gobierno a los proyectos educativos de la ciudad es uno de la motivos que enciende los ánimos de los estudiantes, hay temas presupuestales que también alebrestan las jornadas de manifestación en Bogotá.

Según explicó Gómez, hay una preocupación dentro de las universidades que cada vez está tomando más fuerza y es que el Gobierno Nacional no ha resuelto, ni ha empezado a resolver, la crisis que tiene el Sistema Universitario Estatal.

"Esto nos preocupa, no solo desde la universidad Nacional, sino al movimiento estudiantil en general, porque se ha evidenciado que el aumento presupuestal para este año no ha podido solucionar la situación que viene desde hace años, en especial por la Ley 30 de 1992", explicó Gómez. 

Según los estudiantes, el Gobierno los engañó cuando aseguró que el aumento presupuestal que realizaría para las universidades públicas este año sería el valor del IPC más cinco puntos, pero lo cierto es que la promesa no se cumplió, pues la istración Petro habría tomado como referencia el IPC del momento del anuncio (que rondaba el 10 por ciento) y le aumentó los cinco puntos, dejando la asignación presupuestal solo con un 15 por ciento adicional y no con el 18 por ciento que prometió, teniendo en cuenta que el IPC del año cerró en 13,3 por ciento.

Ante esto, actualmente se tramita en el Congreso un proyecto de ley de adición presupuestal que garantizaría más recursos para igualar la promesa dada por el Ministerio de Educación. Sin embargo, este incremento solo se vería reflejado en el 2024.

Pero la gran pregunta de los gremios estudiantiles y de algunos congresistas como Jennifer Pedraza, que defienden la propuesta educativa de las universidades públicas, es que, con el bajo presupuesto asignado, ¿con qué se pagará a los profesores o, incluso, los programas de alimentación digna para los estudiantes?

Y es que en ese camino, dice Gómez, ya se hacen evidentes las fisuras de la falta de financiación en los centros educativos, como las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica, afectando el funcionamiento de las instituciones.

“Esto ha traído problemas como la falta de financiación para programas de bienestar, la precariedad del número de profesores contratados, hay una incertidumbre, sobre todo en la Universidad Nacional, por la reducción de los docentes estacionales, de los estudiantes auxiliares y su salario”, señaló.

Todos estos son reclamos de vieja data en el movimiento estudiantil, y de acuerdo con el analista Ricardo Rodríguez, es la principal causa de las oleadas de inconformismo que se ven cada año, y que en 2022 tuvieron cierta calma a causa de las elecciones y anuncios como la matrícula cero.

“Lo que pasa es que las medidas que suelen tomar los gobiernos son momentáneas y no atienden los problemas estructurales, que en este caso recaen en la Ley 30 de 1992, que no contempla que los gastos universitarios son mucho mayores al IPC. Este gobierno propuso hacer una reforma a esta norma, pero de momento no ha sido prioridad en la agenda legislativa”.

Pero más allá de los reclamos históricos de los estudiantes, Juan Sebastían Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, también advirtió que los estudiantes no se quedarán quietos y que, incluso, se podrían ver manifestaciones más drásticas, “porque el gobierno jugó con la esperanza de los estudiantes, entonces, a este gobierno no se le protesta por lo que siempre se ha protestado sino por las promesas que hizo y que rápidamente los estudiantes se dieron cuenta que no se iban a cumplir”.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE VIDA DE HOY.