Financiar más policías o tener una 'policía comunitaria': las opciones que estudia Bogotá para combatir su inseguridad

La falta de pie de fuerza en Bogotá ha sido, desde hace años, el talón de Aquiles de la seguridad. El crecimiento poblacional y la expansión de las fronteras de la capital han sido de tal magnitud que cada vez los recursos humanos para prestar servicios esenciales como la seguridad son más limitados.

De esta situación no se salva la Policía Metropolitana, que, a la fecha, solo cuenta con 16.500 uniformados para cuidar a una población que supera los 8 millones y para la que sería necesario tener un cuerpo de seguridad de más de 26.000 efectivos. En esa medida, la capital, mediante su cartera de seguridad, ha venido explorando estrategias para poder suplir el déficit de policías en Bogotá.

Teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que el Distrito se embarca en esa misión, la propuesta en esta oportunidad abre dos opciones que, aunque tienen un camino largo que implica acuerdos con varias entidades de la istración y hasta con el Gobierno Nacional, podrían solucionar en un mediano plazo el problema de uniformados.

Por un lado, en la Secretaría de Seguridad se está explorando la opción de financiar 2.000 policías en su integralidad. Esto quiere decir que no solo será su formación, como se hizo en la pasada istración de Claudia López, sino que se busca poder pagar de forma permanente el sueldo de funcionarios policiales dirigidos a reforzar el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a partir de servicios de policía comunitaria para fortalecer las tareas de patrullaje, inspección, vigilancia y control en los barrios de la ciudad.

“Estamos teniendo una conversación con la Policía Nacional para ver si es posible que nosotros financiemos pie de fuerza para poder aumentar más allá de lo que nos da la Nación (...), el error del pasado es pensar que el costo del policía es solo su formación, pero la innovación que le propone la ciudad a la Nación es que paga el costo integral del policía durante los tres años que quedan de istración”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Esta sería la primera vez que una istración distrital pondría los recursos totales para financiar el proyecto y que presenta un plan ante el Concejo de la ciudad para que puedan ser liberados esos recursos. No obstante, como bien lo ha contado este medio en otras oportunidades en las que diferentes alcaldías han intentado hacer este tipo de propuestas, la conversación con el orden central no es fácil en ese aspecto.

Por otro lado, el Distrito señaló que sí, definitivamente, esta propuesta no es procedente ante el Ejecutivo; también han pensado en un plan B que le permitirá a la ciudad ampliar las capacidades de la Policía Metropolitana con la creación de un grupo de apoyo a la institución, que no serían policías, no tendrían armas y tampoco tendrán funciones policiales como, por ejemplo, hacer procedimientos de captura.

La opción B sería desarrollada por un grupo civil de soporte a las unidades policiales. “Bogotá podría contar con una nueva modalidad que permita ampliar los servicios en apoyo a la Policía Nacional, pero nunca pensando en tener una policía local, sino siempre pensando en contribuir a mejorar la seguridad (...), lo que sí es claro es que, bien sea mediante policías o mediante esta nueva figura, vamos a tener más presencia en las calles”, aseguró Restrepo.

Si bien desde la Secretaría de Seguridad catalogan estas ideas como ‘innovaciones’, lo cierto es que otras capitales de naciones de la región han adoptado con éxito modelos similares al que se plantea para la ciudad.

Las policías comunitarias, si ese fuera el apelativo definitivo que se les diera en Bogotá, son grupos de agentes de seguridad ciudadana que trabajan para gobiernos locales y tienen funciones estrictamente ligadas a la prevención de situaciones que puedan desencadenar la comisión de un delito y que terminan desgastando las capacidades de la Policía; algo así como una suerte de gestores de convivencia.

Además de esto, son los encargados de brindar apoyo a la comunidad, realizar patrullajes, atender emergencias, identificar zonas de riesgo, advertir a las autoridades sobre situaciones sospechosas y llenar los espacios vacíos con oferta institucional a donde la Policía Metropolitana no puede llegar en su totalidad por falta de efectivos. Ese es el caso de éxito, por ejemplo, del grupo de Serenos municipales del Perú.

Sevilla, en España, también se unió a la onda de los agentes cívicos en 2024 cuando anunció que retomaría el modelo. Están ubicados en las calles de la zona céntrica de la ciudad y su principal función es ayudar a vecinos y comerciantes y advertir a la policía de la ciudad y a los servicios de emergencia de cualquier incidencia o altercado, y también son los encargados de velar por la seguridad de los turistas.

En Chihuahua (México) también se integró un grupo de policía comunitaria, entre 2007 y 2010, que comenzó con 50 agentes civiles entrenados y capacitados en el tema de intervención de vecinos, gestión social y servicios, a los que se les dieron 30 talleres sobre el Plan de Protección y Convivencia Ciudadana ‘Sumar te protege’. Cada uno de ellos fue asignado a dos localidades. La visión que se implementó en ese estado también resultó de experiencias coloniales como la del serenazgo, que era la vigilancia nocturna de un ‘sereno’ que tenía o más cercano a las comunidades.

Finalmente, en la cartera de Seguridad esperan poder llegar a un acuerdo con todas las instituciones involucradas en este proceso y poder crear un esquema de seguridad que permita que Bogotá alcance la meta de caminar segura.

JONATHAN TORO

Redaccion Bogotá