La directora de la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, en rueda de prensa desde el Concejo de Bogotá, se refirió a la denuncia que hizo la misma entidad respecto a las presuntas irregularidades en contratos relacionados con la concesión de los cementerios distritales. El acuerdo fue firmado por una cifra que supera los 40.000 millones de pesos, y, tras su adjudicación, fue cedido a un tercero.
La semana pasada, la Uaesp, organismo rector en Bogotá en los servicios de aseo, alumbrado y cementerios, entre otros, informó la situación y la puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Por lo que esta entidad está haciendo seguimiento al caso a través de una investigación que, en el momento, se centra en escuchar las grabaciones de una conversación de un funcionario en la que hablaba con uno de los proponentes y a quien le informa cómo se están eliminando dos de los tres participantes en el proceso de contratación para poder favorecer a una firma.
Debido a esto, la concejal del partido Alianza Verde Lucía Bastidas arremetió contra Camacho y la señaló de ser responsable de este escándalo de corrupción. Además, pidió su renuncia.
“La directora de la Uaesp debe renunciar porque hay corrupción en la entidad. No solo convirtió a Bogotá en un basurero ante su incapacidad, sino que permitió que la corrupción permeara la entidad”, dijo Bastidas.
Ante esto, Camacho aseguró en atención a medios que fueron ellos los primeros en denunciar, y que Bastidas no fue quien descubrió las irregularidades.
La directora también dijo que el operador ha presentado varias falencias, entre ellas, el incumplimiento de las obras de mantenimiento. Asimismo, denunció el mal manejo de una fiducia que ellos debían abrir y en donde tenían que consignar los recursos, pero debido a problemas internos, la unión temporal que recibió el contrato se separó y dio como resultado tres , que hoy se demandan la representación legal.
“Entonces como ellos tenían que abrir la fiducia y disponer los recursos que les fueran ingresando por la prestación del servicio. Hay meses que sí los pusieron y otros que no, y cuando los pusieron era muy poco frente a lo que realmente facturaron. Eso es gravísimo, eso es penal”, explicó Camacho.
Asimismo, aclaró que el contrato de concesión por más de 40.000 millones de pesos no son recursos del presupuesto distrital, sino de lo que pagan los ciudadanos que requieran los servicios.
REDACCIÓN BOGOTÁ