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Directora de la Uaesp renuncia por polémico contrato de cementerios
Luz Amanda Camacho desiste de continuar en la entidad tras escándalo sobre manejo de recursos.
Luego de las denuncias por presuntas irregularidades en el contrato de concesión de cementerios por 41.000 millones de pesos, adjudicado en mayo de 2021 por la Unidad istrativa de Servicios Públicos (Uaesp), le llovieron críticas a la directora de la entidad, Luz Amanda Camacho.
Ayer, durante la instalación de las sesiones extraordinarias del Cabildo Distrital, varios concejales solicitaron su renuncia, entre ellos, Lucía Bastidas, Marisol Gómez, Rubén Torrado y Martin Rivera.
"No seré yo el instrumento que usen quienes, por costumbre, suelen ejercer estrategias sucias que definen claramente un 'modus operandi'; un 'modus operandi' que lamentablemente ha hecho carrera en nuestra sociedad. Mi Alcaldesa, con todo mi agradecimiento, con mi total afecto, con mi total respeto, te presento mi renuncia irrevocable al cargo de Directora de la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP el cual estuve desempeñando desde el día 9 de enero de 2020 hasta la fecha, para que sea aceptada y tramitada como corresponde a la normatividad vigente. Sé que tú y a quien delegues en mi reemplazo, harán un trabajo maravilloso que termine lo que, con tanta pasión por Bogotá, hemos desarrollado con tanto empeño y dedicación", se lee en la carta.
Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp. Foto:Archivo EL TIEMPO
Como lo reveló EL TIEMPO en varias publicaciones, el contrato de concesión para la operación y istración de los cuatro cementerios distritales (Norte, Centro, Serafín, y Sur) fue cuestionado entre otras razones porque el contratista manejó los dineros captados por servicios en cuentas propias y no en las de la fiducia, además no pagó cuentas de servicios públicos, vigilancia y hasta de seguridad social de los empleados.
Cabe recordar que, la Uaesp, organismo rector en Bogotá en los servicios de aseo, alumbrado y cementerios, entre otros, después de hacer la denuncia pública en noviembre de 2022 acudió a la Fiscalía General de la Nación, por lo que esta entidad estuvo haciendo seguimiento al caso a través de una investigación.
No obstante, tras conocerse de la situación y las irregularidades, la concejal del partido Alianza Verde Lucía Bastidas arremetió contra Camacho y la señaló de ser responsable de este escándalo de corrupción. Además, pidió su renuncia.
“La directora de la Uaesp debe renunciar porque hay corrupción en la entidad. No solo convirtió a Bogotá en un basurero ante su incapacidad, sino que permitió que la corrupción permeara la entidad”, dijo Bastidas.
Ante esto, Camacho aseguró en atención a medios, en ese momento que fueron ellos los primeros en denunciar, y que Bastidas no fue quien descubrió las irregularidades.
Según reveló EL TIEMPO en una historia publicada el 13 de enero, la cuestionada concesión de cementerios distritales ha recaudado dineros por la prestación de servicios y estos recursos no se han consignado a la fiducia, donde deben ser manejados, ni han sido reportados a la Uaesp.
EL TIEMPO conoció el informe en el que la Contraloría de Bogotá abre una indagación preliminar a la Uaesp, en el cual se revela que entre julio de 2021 y agosto de 2022 el concesionario retiró 5.721 millones de pesos que recibió por servicios prestados en los cementerios, pero no transfirió ni un peso a la fiducia, que, precisamente, se constituyó para manejar los recursos económicos del millonario contrato.
Los estimativos del organismo de control, según el documento, indican que a octubre del año pasado debieron ser consignados en la fiducia 9.523 millones de pesos, sin embargo, solo se encontraban 245,4 millones, para una diferencia de 8.332 millones de pesos.
La concesión de operación y mantenimiento de los cementerios distritales (Norte o Chapinero, Centro, Serafín y del Sur) fue adjudicada en mayo de 2021 a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, que luego se constituyó en Jardines de Luz y Paz S. A. S., firma a la que fue cedido el contrato por 41.301 millones de pesos y un plazo de cinco años.