El policía abusado por un cura que lucha para que su caso no prescriba

Raúl Fernando Bonilla Encinales dejó de ser niño a los 13 años, cuando su inocencia se transformó en culpa y rabia. Y hoy, a sus 33, sigue cargando con el dolor y la frustración de no entender los porqués.

¿Por qué el sacerdote Yesid Dolores González Durán se fijó en él? ¿Por qué quien predicaba la palabra de Dios dañó su vida? ¿Por qué nunca le pidió perdón?

Raúl Fernando contó por primera vez lo que le pasó en el 2014, 11 años después de haber sido abusado sexualmente y cuando su comportamiento era agresivo e insostenible. Ya, para entonces, había ingresado a la Policía Nacional, donde hoy se desempeña como patrullero.

“Me descargaba contra objetos, le pegaba puños a las paredes y tiraba las cosas. Respiraba duro y acelerado. La relación con mis compañeros era inmanejable y un sargento mayor me obligó a ir al psicólogo. Fui, sí, a las malas. Y en esa sesión conté por primera vez lo que me pasó”.

Raúl Fernando creció en una familia católica y devota. Se crió en la inspección La Palmera, en San Carlos de Guaroa, un municipio al norte del Meta, lleno tabúes, de silencios y marcado por la violencia paramilitar. Lo educaron, sin quererlo, para callar y no refutar.

Por eso no fue capaz de narrar lo que sucedió en el 2003, cuando tenía 13 años y estaba terminando sus labores como acólito en la casa cural de la parroquia Santa Teresa de los Andes. “Soy muy malo para las fechas, pero me acuerdo que en esa ocasión ya no había casi gente en la iglesia. Él llegó, cerró la puerta y comenzó a hablar de mi familia, del aseo personal, de cómo estaba creciendo. Y en esas me pidió que me quitara la camiseta para ver cómo se estaba desarrollando mi cuerpo”.

De la camiseta pasó al pantalón, a tomarle fotos, a tocarle el pecho, los brazos, las partes íntimas. Le practicó sexo oral. “Me dijo que me limpiara y que no le contara a nadie, que no pensara mal de él o de la iglesia”. Esa fue su primera experiencia sexual y la última vez que volvió a un templo y a rezar por convicción.

Raúl Fernando se encerró en sí mismo y en los videojuegos, se refugió en el alcohol, el cigarrillo y en las mujeres para reafirmar su virilidad. Repetía hasta el cansancio “no soy gay”.

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“Mi mamá atribuía mi comportamiento a la edad y a que era rebelde”, dice. Nunca ahondaron en la conversación para entender lo que pasaba. Y él tampoco se motivó a hacerlo. Durante el silencio, la negación y la culpa, Raúl Fernando protagonizó peleas en su colegio, lo echaron, frecuentó prostíbulos, se relacionó con hombres armados que tenían control sobre la vida social y cotidiana del pueblo. Terminó el bachillerato y no supo qué hacer con su vida.

Ahí volvió a aparecer el padre Yesid Dolores González Durán, quien en el 2005 dejó la parroquia tras haber pedido una licencia a la Arquidiócesis de Villavicencio y luego se vinculó a la Diócesis de Punto Fijo, en Venezuela. En unas vacaciones, en 2007, regresó de visita al pueblo.

“Mi mamá, que en ese entonces se estaba separando de mi papá, fue a buscarlo y a pedirle ayuda. El sacerdote se ofreció a hacerse cargo de mí, dándome estudio a cambio de que le asistiera en la parroquia en la que estaba. Mi mamá, tan inocente, aceptó e hizo que mi papá firmara el permiso para salir del país”. En esa ocasión, Raúl Fernando tampoco habló de lo sucedido.

La carta diligenciada por sus papás está fechada el 17 de abril de 2007. Al día siguiente, Raúl Fernando, ya con 17 años, viajó a Bogotá para, posteriormente, dirigirse a Venezuela. “Creía que no me iba a volver a abusar, pero no fue así”.

En Bogotá llegaron a una casa —según recuerda— blanca y grande, donde les ofrecieron un cuarto con una cama doble a los dos. “Me acosté y él empezó a tocarme. Y de nuevo la misma historia. Abusó de mí por segunda vez. Cuando acabó, se levantó al baño y lo único que hice fue arroparme y cerrar los ojos. Fue la noche más larga de mi vida. Me desperté, le dije que me devolvía a mi pueblo y que necesitaba el dinero que mi mamá le había dado”.

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Después de relatarle al psicólogo de la Policía lo que le pasó, Raúl Fernando quiso denunciar a Yesid Dolores González Durán, tanto en la Arquidiócesis de Villavicencio como en la Fiscalía. Un abogado amigo le tendió la mano bajo la promesa de que le pagaría una vez su caso fuera indemnizado.

“Ese padre destruyó mi vida y lo que me hizo me ha traído inconvenientes en lo laboral, sentimental, íntimo y en mis creencias. He decidido hablar porque esta persona le puede estar haciendo lo mismo a alguien más”, se lee al final de la acusación que fue radicada en la Arquidiócesis de la capital del Meta.

Ese mismo día, la Iglesia le ofreció ayuda psicológica y le prometió adelantar una investigación, no sin antes pedirle que, de puño y letra, transcribiera el documento que ya tenía impreso. En otras palabras, una clara muestra de revictimización. Al final no le entregaron un número de radicado para hacer un seguimiento y apenas quedó con un certificado de acusación fechado el 7 de octubre de 2014. Por último, le indicaron que sería el presbítero Hernando Tovar el encargado de hacer las veces de juez instructor en su caso.

“Pensando que la Iglesia me ayudaría, salí emocionado rumbo a la Fiscalía”, recuerda. En la seccional de Villavicencio lo remitieron a la oficina del ente acusador en San Martín, que tenía jurisdicción sobre San Carlos de Guaroa, donde ocurrió el primer hecho de abuso.

“La fiscal me dijo que si recibía la denuncia la tenía que archivar porque había prescrito la acción penal por el tiempo transcurrido desde los hechos. Salí llorando y en últimas no radiqué nada”.

Sin embargo, en 2007, cuando ocurrió el segundo hecho de abuso, hubo una modificación al artículo 83 del Código Penal a través de la Ley 1154 en la que aumentó a 20 años el tiempo de prescripción luego de que la víctima cumpliera la mayoría de edad. “Traté de buscar un abogado con más experiencia, pero me cobraban entre 10 y 20 millones. No tenía cómo pagar”.

Como la justicia ordinaria no actuaría, le quedó confiar en la justicia clerical. Sin embargo, pasó el tiempo y no llegó una respuesta, ni siquiera lo aron para pedir su testimonio, mucho menos una notificación de que el proceso estuviera en marcha. “Toda la información sobre mi caso la he obtenido por derechos de petición”.

En 2018, la ilusión volvió a abordar a Raúl Fernando luego de escuchar en radio las investigaciones adelantadas por el periodista Juan Pablo Barrientos sobre abusos sexuales contra menores de edad dentro de la Iglesia Católica colombiana. Lo buscó, se puso en o con él y se enteró de las modificaciones al Código Penal y supo que todavía tenía posibilidades de obtener justicia.

“Por fin, aparte de mi familia y el psicólogo, alguien me escuchó, me comprendió y me creyó. Le dije que quería contar mi historia para que otros se animaran a hablar y así evitar que más niños fueran víctimas. Me comprometí a poner de nuevo el recurso en la Fiscalía”.

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Eso implicó buscar otro abogado y recaudar una buena suma de dinero para empezar el proceso. Pasaron los años y en 2021 conoció a la que hoy es su apoderada legal, Vanessa Gelvez, y en abril de 2022 presentó la denuncia oficial en la Fiscalía de Villavicencio.

Interpuesta la denuncia, la historia de Raúl Fernando se publicó por primera vez el 13 de julio del año pasado en Vorágine. Contrario a sus expectativas, hubo estigmatización por parte de la gente y pasividad de la justicia.

“Le expliqué que, para no generar confusión, debíamos presentar solo una denuncia con los dos hechos que ocurrieron en ciudades y en tránsitos legislativos diferentes. El de Villavicencio, en 2003, se expuso bajo la Ley 600 del Código de Procedimiento Penal, y el de Bogotá, en 2007, bajo la Ley 906 de 2004. Todo lo radicamos en Villavicencio, donde, después de un derecho de petición que Fernando presentó en septiembre, respondieron que el delito en San Carlos ya estaba prescrito, pero que compulsaron copias para que se investigaran los hechos de Bogotá con la nueva ley”, explicó la abogada.

A la par, Raúl Fernando envió un derecho de petición para conocer sobre el proceso que se abrió en la Arquidiócesis de Villavicencio contra su victimario. Después de ocho años de interpuesta su denuncia, nunca lo llamaron para ampliar testimonio y, mucho menos, tenían información del desarrollo de la investigación. En la respuesta, se enteró que el señor González Durán había sido “expulsado del estado clerical por mandato de la Congregación para la Doctrina de la Fe (del Vaticano) en noviembre de 2018 por haber sido declarado culpable del delito de abuso sexual a menor de edad”.

A Raúl Fernando lo remitieron al Vaticano luego de pedir el expediente y le informaron que, entre abril y mayo de 2022, la Fiscalía Tercera Seccional de Villavicencio solicitó datos acerca de su caso. La Arquidiócesis complementó la información a través de un derecho de petición radicado por EL TIEMPO.

“Al padre, que ejercía su derecho sacerdotal en la Diócesis de Punto Fijo, en Venezuela, se le informó sobre la denuncia. Inmediatamente se le ordenó responder por los cargos y se impusieron medidas cautelares (suspensión del servicio pastoral y istrativo)”, dice la respuesta.

“La Iglesia le hizo un proceso interno, lo encontró culpable y lo expulsó. Se les olvidó notificarme. Curioso porque tengo el mismo correo y el mismo teléfono desde 2014. Sabían dónde vivía mi mamá y que soy policía. Me dio mucha rabia enterarme que lo habían sacado cuatro años después. Es indignante”.

La denuncia de Raúl Fernando fue la única que recibieron contra el padre Yesid Dolores González Durán hasta su dimisión. La Diócesis de Punto Fijo le confirmó a EL TIEMPO que González Durán trabajó allí y que el motivo por el cual regresó a Colombia fue por solicitud de él. El interlocutor en la página oficial de la Diócesis en Facebook dijo desconocer la denuncia por abuso sexual.

El 12 de septiembre del 2022, en Bogotá, el caso penal se le asignó a la Fiscalía 289 Seccional Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual. “Esperamos alguna actuación y nada, presentamos derecho de petición en octubre del 2022 y en diciembre no habíamos recibido respuesta. Dejamos que pasara la vacancia judicial para presentar una tutela y, luego de que la interpusimos, activaron el caso. Lo entrevistaron a él, a su hermana y a su mamá”, explicó la abogada.

El 19 de enero de este año, en la respuesta a los recursos, la Fiscalía aseguró que “el proceso se encuentra en etapa de indagación y ya se realizó el correspondiente programa metodológico para emitir la orden a policía judicial (asignada en ese mismo mes) (...) Sería de gran ayuda para el despacho si se pudiera brindar información a través de ese medio respecto del lugar de residencia o ubicación actual del indiciado”.

Hasta mediados de mayo de este año, ni Raúl Fernando ni su abogada tenían conocimiento sobre el avance del proceso, tampoco si la Fiscalía había dado con la ubicación de Yesid Dolores González Durán, a quien la Arquidiócesis le perdió la pista después de su expulsión.

EL TIEMPO también elevó derecho de petición ante la oficina de Carolina Martínez, la fiscal responsable del caso, quien aseguró que pedirá el archivo de la investigación por prescripción.

Según contó la funcionaria, el caso llegó prescrito en tanto el hecho denunciado ocurrió en abril de 2007 y la modificación al artículo 83, a través de la ley Ley 1154, se expidió el 4 de septiembre del mismo año. Por tanto, esa reforma no cobija a Raúl Fernando. Sobre detalles de la investigación, la fiscal manifestó que “la información del proceso se encuentra amparada bajo la reserva legal con el fin de proteger los derechos fundamentales y garantías procesales”. Hoy el caso sigue activo en el SPOA de la Fiscalía.

Para Raúl Fernando se trata de una respuesta displicente en medio de un proceso que, para él, no adelantó las acciones pertinentes y, por el contrario, buscó el primer quiebre para archivar su caso. Además, recalca que en 2021 salió una nueva ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad.

Mientras tanto, EL TIEMPO confirmó con tres fuentes diferentes que Yesid Dolores González Durán trabajó en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, en el sur de Bogotá, hasta conocida la denuncia hace unos días. El área de Acompañamiento, antes Pastoral Social de la institución médica, detalló que hace siete años se vinculó para prestar apoyo espiritual a pacientes, incluidos niños.

El área también informó que desde que entró a laborar allí no han recibido quejas en contra de él y que no tenían conocimiento de las denuncias interpuestas ante la Arquidiócesis y la Fiscalía, mucho menos la decisión de expulsión de la Iglesia. Por ese motivo, decidió apartarlo del cargo. EL TIEMPO trató de obtener más información sobre su contratación y sus labores a través de derecho de petición que nunca fue respondido por el hospital.

Así mismo, este diario insistió hablar con el señalado para conocer su versión; sin embargo, envió la razón de que tenía que asesorarse legalmente.

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De acuerdo con una fuente de la Arquidiócesis, la expulsión de Yesid González Durán significa que no puede “ejercer ningún trabajo como sacerdote de la Iglesia Católica”. Es decir: para la misma curia de Villavicencio, González es culpable. Tras consultar al hospital, este abrió un caso interno para evaluar la situación.

Hoy Raúl Fernando trata de seguir con su vida. Actualmente trabaja en funciones istrativas de la Policía en la URI de Puente Aranda, Bogotá, esperando graduarse como subintendente el próximo septiembre. Además de Villavicencio, ha prestado servicio en Mesetas y Puerto Gaitán, Meta; en Tunja, donde conoció su actual abogada; y en Cali, donde tuvo a su hija, que es su principal motivación para continuar buscando justicia.

No está casado, pero sí en una relación con una mujer diferente a la mamá de su niña. Aunque no da muchos detalles de su vida personal, Raúl Fernando recalca que ha sido difícil para él entrar en intimidad con alguien más por las heridas del abuso. La Policía ha estado como institución, prestando apoyo profesional, pero hablar del tema, después de tantos años, sigue siendo un tabú entre sus compañeros.

¿Habrá justicia? Raúl Fernando tiene la ilusión, pero duda. Su propósito es evitar que más niños y niñas sean víctimas de abuso sexual, que ninguna persona tenga que resignarse a denunciar por la falta de medios para hacerlo. Y en eso ha concentrado sus energías los últimos meses, incluso con otros sobrevivientes de abuso clerical, con quienes está creando una red que preste servicios jurídicos y psicológicos, y que genere incidencia política para que en el país haya un rechazo contra la pederastia y se acabe la cultura del abuso dentro de la Iglesia Católica.

Para Rafúl Fernando, el perdón que ofreció hace un tiempo la Conferencia Episcopal por los hechos denunciados contra sacerdotes en los últimos años no es suficiente. De hecho, más que un perdón, lo que busca es una reparación integral y un compromiso público de que no haya más encubrimientos.

Raúl Fernando sigue con tratamiento psicológico y psiquiátrico para tratar la ansiedad, la depresión y el insomnio. Al menos ya, reconoce, superó los pensamientos suicidas. La culpa no se ha ido, tampoco las preguntas, pero perdió el miedo a hablar y a denunciar públicamente. Aunque no sabe si llegará justicia, quiere sanar.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo

En Twitter: @NATALIATG13