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Organizaciones sociales se declaran ‘desobediencia civil’ por zonas de reserva en Santurbán
Más de 40 organizaciones se manifiestan por la iniciativa contra la minería que aún no se implementa
Vetas, en el municipio de Soto Norte, tiene 1.319 habitantes y el 75 % de su territorio está dentro del páramo. Foto: Edgar Osma
Periodista de medioambiente y saludActualizado:
Más de 40 organizaciones sociales, entre asociaciones de campesinos, mineros, productores agropecuarios, turismo, víctimas, organismos de acción comunal, junto a líderes comunitarios de la provincia de Soto Norte, anunciaron este martes su decisión de declararse en “desobediencia civil” en toda la provincia de Soto Norte, como respuesta al anuncio del Ministerio de Ambiente de implementar una Zona de Reserva Temporal en el Macizo de Santurbán.
Como parte de dicha “desobediencia civil”, las asociaciones anunciaron una serie de acciones como marchas, protestas, plantones, tutelatones, demandas, recolección de firmas y peticiones públicas.
Además, indicaron que “declararán como personas no gratas” en sus municipios a activistas ambientalistas y políticos que “han impulsado la estigmatización de la pequeña minería legal, y que han promovido una zona de reserva antitécnica e inconsulta, cuyos únicos fines netamente políticos y electorales”, según señalaron a través de un comunicado.
Desde hace más de 400 años, los habitantes de Vetas se han dedicado a la minería en la región. Foto:Édgar Osma
El Ministerio de Ambiente ha aclarado que la Zona de Reserva Temporal aún no se ha declarado, pues el proyecto se encuentra actualmente en consulta pública, y que la pequeña minería tradicional no será afectada, pues resolución reconoce la tradición minera de los municipios de Vetas, California y Suratá y garantiza la continuidad de procesos de formalización que se vienen adelantando con los pequeños mineros tradicionales en formalización.
Además, la cartera ambiental ha enfatizado en que no se frenarán los títulos mineros vigentes con instrumento ambiental ni actividades de agricultura, ganadería, infraestructura y licencias de construcción; y que el área de reserva temporal prevista no se encuentra en el páramo de Santurbán, sino en la zona contigua. abarcando 75.357 hectáreas. Sin embargo, la comunidad sigue insistiendo en que sí los afectará la posible declaratoria.
(Lea también: Minambiente creará la primera reserva natural temporal en zona de minería: sería en Santurbán y abarcaría 75.357 hectáreas)
Vetas. Foto:Édgar Osma
“La imposición de zonas de reserva sin diálogo ni concertación desde Bogotá solo profundiza la crisis social y económica de nuestra región. Las decisiones que nos afectan deben ser tomadas aquí, con las comunidades de Soto Norte. Es hora de un verdadero compromiso del Gobierno con las personas que vivimos y trabajamos en este territorio”, aseguró Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán y exalcalde de California.
Ante dicho panorama, en diferentes comunicaciones ya radicadas ante las autoridades locales, regionales y nacionales, entre esas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las comunidades propusieron 3 acciones inmediatas:
- La instalación de una mesa técnica con las comunidades de Soto Norte, como lo propuso el delegado de la Procuraduría General de la Nación en junio de 2024, y que fue avalada por la ministra de Ambiente.
- Cumplir con el Acuerdo de Escazú, promoviendo un ordenamiento territorial que incluya a las comunidades locales.
- Realizar una mesa pública de concertación en la provincia de Soto Norte a inicios de 2025, con la participación de múltiples actores gubernamentales, locales y sociales, para buscar soluciones consensuadas a la problemática.
El rechazo al proyecto de declaratoria de reserva temporal también se fundamenta, según expresaron las comunidades, “en la falta de participación ciudadana en el diseño de estas políticas, un aspecto que las comunidades consideran una violación directa a sus derechos”, enfatizaron en un comunicado.
Según los líderes locales, el Ministerio de Ambiente ha ignorado lo establecido en el Acuerdo de Escazú, que exige procesos participativos y transparentes para decisiones ambientales que impactan a las comunidades.
En ese sentido, las comunidades de Soto Norte hicieron un llamado urgente al Ministerio de Ambiente para revisar de manera integral la medida de la zona de reserva temporal, incluyendo a las comunidades afectadas en un proceso de concertación y diálogo transparente y participativo. Destacaron que el impacto de esta decisión no solo afecta la economía minera, sino también sectores fundamentales como la agricultura, la ganadería, el turismo y la construcción, que son el sustento de miles de familias en la región.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
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