La información más fresca que se tenía sobre el empresario de Sahagún, Córdoba, Emilio Tapia es que, tras ser condenado a 7 años largos de prisión por el saqueo a las arcas de Bogotá, dentro del llamado ‘carrusel’ de la contratación, ya estaba en libertad.
En enero de 2020 circuló una foto suya en el Carnaval de Barranquilla, que llevó a su abogado a salir a explicar que Tapia tenía libertad condicional, por haber pagado ya las tres quintas partes de la pena.
EL TIEMPO estableció que varios de los implicados en el escándalo del contrato entre Centros Poblados y Mintic ya han hablado de manera abierta sobre la presencia de Tapia en esta trama.
Pero, para esa misma época, Tapia no solo estaba disfrutando de su libertad, tras haber pasado una temporada en La Picota, al lado de otros condenados por el ‘carrusel’: un saqueo que bordeó los 2 billones de pesos, del que él fue señalado como gran cerebro.
EL TIEMPO estableció que varios de los implicados en el escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) –que cobró la cabeza de la ministra Karen Abudinen– ya han hablado de manera abierta sobre la presencia de Tapia en esta trama.
Pasando de rumores a evidencia, la Fiscalía verifica reuniones, trámites y chats que dejan al descubierto, procesalmente, que el cordobés es pieza clave.
Incluso, es cuestión de días para que sea llamado a explicar su rol en el trámite de las garantías, calificadas como falsas por el Banco Itaú, con las que se respaldó la seriedad de la oferta y el contrato con Mintic.
Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros. Foto:Archivo Particular
Declaraciones recogidas por los investigadores y conocidas en exclusiva por EL TIEMPO ubican a Tapia moviendo varios hilos para asegurar el contrato con Mintic, luego de que Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, les notificó que no había podido gestionar las pólizas y que se podían buscar garantías bancarias.
Centros Poblados insiste en que la consecución de las garantías se le encomendó a Intec de la Costa, cuya cabeza resultó ser José Fernando Lorduy Fernández, excuñado de Emilio Tapia.
Y si bien Laverde le itió a este diario que conoce a Tapia, señaló al constructor Jorge Molina como el encargado de tramitar las garantías, que resultaron falsas, según el Itaú.
Hasta ahora, todos se pasan la responsabilidad y se declaran terceros de buena fe. Pero ya hay evidencia que indica que no es la primera vez que los implicados se juntan para obtener documentos opacos, utilizados en licitaciones públicas.
EL TIEMPO reveló que Laverde y Molina también fueron los intermediarios para conseguir otras garantías, calificadas de falsas, que la empresa Saeb Atlantic S. A. S. presentó hace tan solo dos meses ante la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para quedarse con un convenio por 18 millones de dólares.
Los intermediarios insisten en que las garantías se habrían tramitado legalmente. Foto:EL TIEMPO
Y este diario encontró a Molina (a través de su empresa CM Construcciones) asociado a Intec de la Costa (la del excuñado de Tapia).
Ambas aparecen en un contrato en Fiduagraria, por cerca de 20.000 millones de pesos, adjudicado en septiembre de 2018 al Consorcio VISR Ingenieros.
Allí figuran otras firmas de exalcaldes y coterráneos de Tapia.
El señor López
La Fiscalía indaga ahora supuestas reuniones entre Molina y Tapia (o uno de sus emisarios), para mover el tema de las garantías para Centros Poblados.
La Fiscalía indaga ahora supuestas reuniones entre Molina y Tapia (o uno de sus emisarios), para mover el tema de las garantías para Centros Poblados.
Uno de esos encuentros se habría dado en una lujosa casa en El Tablazo, exclusiva zona en Rionegro, Antioquia, y en el restaurante Harry Sasson, norte de Bogotá.
Además, se verifican versiones de implicados según las cuales hay otro eslabón en el trámite de las garantías: un hombre al que algunos identifican como Enrique López.
Este es el correo que, según el Banco Itaú, es falso. Foto:EL TIEMPO
“En todos los temas relacionados, mi abogado penalista prefiere que la comunicación sea directamente con la Fiscalía”: Luis Fernando Duque.
“El tal señor López tendría las claves de cómo se consiguieron los documentos con el sello del Itaú que llegaron al Mintic”, le dijo a este diario una persona enterada de la investigación.
Agregó que incluso López habría llamado a Luis Fernando Duque, representante de la UT, a cobrarle las garantías. Y lo describen como un sujeto de bajo perfil y escolaridad que decía tener a gente en el Itaú que ayudaba con los trámites.
EL TIEMPO le preguntó a Luis Fernando Duque si era cierta la llamada de un tal señor López a cobrarle los 2.800 millones de pesos de las garantías.
Además, se le insistió en que indicara si la UT ya entregó los soportes del pago de esos documentos, que ellos presumían auténticos, y respondió: “En todos los temas relacionados, mi abogado penalista prefiere que la comunicación sea directamente con la Fiscalía”.
Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados (UT) , y el abogado Jorge Pino acaban de anunciar cuál será la batería judicial que desplegarán para tumbar la caducidad del contrato con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (Mintic), por 1,07 billones de pesos. Bogotá 26 de agosto del 201. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto:Mauricio Moreno
Lo que sí aseguró es que Tapia no ha sido su asesor y que ignora si el condenado por el ‘carrusel’ cumplió ese rol con alguna de las empresas que conforman la UT.
También se le preguntó a Laverde por el señor López y mandó a decir con uno de sus apoderados que, si mal no recordaba, era uno de los nombres que Jorge Molina mencionó como uno de sus enlaces con el Itaú.
Para conocer de primera mano la versión de Emilio Tapia sobre el tema, EL TIEMPO se comunicó con la otrora defensa. Pero informaron que ya no hay nexo alguno.
Y el empresario de Sahagún no ha respondido ninguno de los mensajes que este medio le ha dejado en al menos cuatro celulares suministrados por su entorno.
Pero uno de los socios de la UT le dijo a EL TIEMPO que en caso de queEmilio Tapiaestuviera detrás del negocio, no habría nada ilegal: “Él ya pagó su condena y tiene derecho a seguir trabajado. No tiene ninguna restricción y no hay nada ilícito en asesorar o participar en un contrato”.
El banco ha recibido solicitudes de confirmación de cartas que dan cuenta de la existencia de supuestos cupos de crédito, que son falsas. Voceros del Banco Itaú
En todo caso, la Fiscalía ya tiene en su poder una cadena de chats con los que se puede establecer quién redactó el contenido de las garantías que el Itaú califica de falsas.
Además, ya se tienen pistas de que en otras licitaciones –concentradas en Valle, Antioquia y la Costa– habrían circulado garantías y cupos bancarios obtenidos por la misma turbia vía.
Y si bien voceros autorizados del Banco Itaú dijeron que no conocían las versiones de que personas dentro de esa entidad estarían involucradas en el tema de las garantías de Centros Poblados, confirmaron un dato clave obtenido por EL TIEMPO.
Esta es una de las garantías presuntamente falsas. El Itaú dice que las firmas son burdas y apócrifas. Foto:EL TIEMPO
“El banco ha recibido solicitudes de confirmación de cartas que dan cuenta de la existencia de supuestos cupos de crédito, que son falsas. Una vez detectadas, dimos aviso oportuno a la Fiscalía”, señaló el Itaú sin dar mayores detalles.
Y reiteró que la entidad es víctima de una organización criminal externa que usó su identidad corporativa para presentar documentos falsos ante entidades públicas.
De hecho, fueron enfáticos en que las investigaciones internas adelantadas por el banco no han establecido, hasta el momento, la participación de empleados de la entidad en el caso. Pero continúan en curso.
“El banco actuará con decisión y rapidez, con base en la ley, contra cualquiera que haya estado involucrada con la empresa criminal que está siendo investigada por la Fiscalía, independientemente de si existe un vínculo laboral”, explicaron.
El correo y la fiducia
El banco actuará con decisión y rapidez, con base en la ley, contra cualquiera que haya estado involucrada con la empresa criminal que está siendo investigada. Voceros Banco Itaú
Y agregaron que no conocen a ningún intermediario identificado como Enrique López: “Es importante reiterar que la entidad no expide garantías bancarias a través de intermediarios”.
Por eso descartaron que tengan que responder por las garantías e insisten en que son víctimas.
Y si bien la Fiscalía tiene puestos sus focos en el tema de las garantías, hay otro filón de la investigación que avanza a buen ritmo: la posible complicidad dentro del edificio Murillo Toro, sede del Mintic.
En la sede de Mintic, el Edificio Murillo Toro, permanecen varios funcionarios y contratistas a quienes se les pidió dar un paso al costado. Foto:Mintic
Ya está claro que ninguno de los controles que se habilitaron para verificar las garantías funcionó. Y si bien habrá que establecer si se trató de omisiones involuntarias o complicidades, hay un dato que llama la atención.
EL TIEMPO escribió un correo electrónico a la supuesta dirección del Banco Itaú que aparece en los documentos que acompañan las garantías, y fue devuelto (rebotó) a las 24 horas.
¿Por qué si el comité fiduciario dice que conminó al Banco Itaú a través de ese correo, no se percató de que rebotaba por no estar habilitado?
Abogado Jorge Pino de la Unión Temporal Centros Poblados acaban de anunciar cuál será la batería judicial que desplegarán para tumbar la caducidad del contrato con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (Mintic), por 1,07 billones de pesos. Bogotá 26 de agosto del 201. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto:Mauricio Moreno
Además, una de las funcionarias de confianza de la ahora exministra Karen Abudinen asegura que ella dio la instrucción expresa de que se llamara alItaú a confirmar la autenticidad de las garantías.
Mientras avanza la investigación, Centros Poblados insiste en que es un tercero de buena fe.
De hecho, en un mensaje a EL TIEMPO rechazó las afirmaciones del penalista Jaime Lombana –abogado de Mintic– de que hay evidencia de “un actuar delictual del contratista”.
“En la actuación istrativa que adelantó Mintic y que culminó con la caducidad del contrato quedó demostrada la buena fe de los integrantes de la Unión Temporal en la obtención de la garantía”, aseguró Jorge Pino Ricci, abogado de Centros Poblados.
Jaime Lombana se muestra crítico con la nueva ley de sometimiento. Foto:Fernando Ariza / EL TIEMPO
Y dijo que los funcionarios y contratistas que revisaron y aprobaron la garantía, y a los cuales el doctor Lombanaacusa de corruptos, fueron designados y contratados por la ahora exministra Abudinen.
Además, Pino aseguró que señalar de falsas las garantías sin que un juez lo haya declarado desconoce los principios de presunción de inocencia y de buena fe, previstos en la Constitución.
Karen Abudinen llegó al ministerio de las TIC en mayo del año pasado. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Aunque declaró la caducidad del contrato con Centros Poblados, los multó con 39.000 millones de pesos, los denunció penalmente y les embargó varios bienes,
Karen Abudinen terminó renunciando a su cargo de ministra de las TIC. Primero, enfrentó un duro debate de moción de censura en la Cámara, en donde la oposición exigió su renuncia.
Aunque se mantuvo firme en que se quedaría para recuperar el anticipo, el jueves, la bancada liberal le quitó el respaldo y el presidente Duque le pidió su dimisión, la cual hizo efectiva ese mismo día. Pero eso no detuvo la votación de la moción, el viernes en la tarde. Y aunque el sí en contra de la exministra fue mayoría, no se lograron los votos requeridos.
Representantes de partidos como ‘la U’, Liberal y la bancada conservadora, que habían anunciado votar en contra de Abudinen, a último momento se conectaron, pero no votaron.
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