La Fiscalía General ya tiene indicios y evidencia de que al menos ocho personas, entre de la Policía, funcionarios y particulares, habrían desplegado una serie de operaciones al margen de la ley tras el robo de una importante suma de dinero (el 29 de enero pasado) a Laura Sarabia, la otrora jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
De hecho, la primera semana de julio se escuchará a la exfuncionaria ya no como víctima dentro del caso (en el que declaró esta semana); y se anunciarán las primeras imputaciones.
Aunque varios de los implicados han optado por guardar silencio, los investigadores ya tienen documentos, una línea de tiempo y de cruce de comunicaciones que permitirían establecer de dónde salió la orden de someter a la niñera Marelbys Meza a un interrogatorio sin abogado, a un examen de polígrafo y a interceptaciones ilegales de sus comunicaciones y de la otra empleada, Fabiola Perea.
Harold Rondón Brand, conductor escolta de la Unidad Nacional de Protección Foto:Suministrada
El caso, que se inició como un supuesto robo doméstico, terminó incluso vinculado a la muerte del coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres, el 9 de junio. Aunque la Fiscalía ya dictaminó que se trató de un suicidio, aún hay varios interrogantes sobre qué fue lo que lo desencadenó.
En el tema del polígrafo, una de las personas que ya rindieron declaración es Harold Rondón Brand, conductor escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) vinculado al esquema de seguridad que Laura Sarabia aún tiene asignado.
Después de hablar en primicia con este diario, Rondón se presentó a la Fiscalía, donde le preguntaron quién le había dado la instrucción de llevar la camioneta de la UNP hasta Soacha para recoger a la exniñera y llevarla a Casa de Nariño. Según lo que él mismo declaró, la recogió el martes 30 de enero, a las 11 de la mañana, para regresarla a las 2 de la tarde.
Teniente coronel Carlos Feria Buitrago, cabeza de la Jefatura para la Protección Presidencial. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO tuvo al perfil que investigadores hicieron de Rondón y en este se le liga tanto con el exembajador Armando Benedetti como con el coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar, el equivalente a jefe de seguridad de Casa de Nariño, otro de los llamados a testificar.
Según el informe reservado, Rondón ocupaba el cargo de intendente de la Policía hasta 2016 y estuvo asignado al Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).
Vasos comunicantes
Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto:Archivo particular
“Llegó al esquema de Sarabia por recomendación de Benedetti. Lo solicitó a través de una carta, fechada el 19 de agosto de 2022 y firmada por el coronel Feria, que se envió a la empresa Alliance por medio del funcionario de la UNP Jhon Cabezas”, se lee en el informe en poder de EL TIEMPO.
En ese mismo documento se señala que Rondón estuvo como escolta en el Senado y durante su paso por la Policía permaneció en una comisión de estudio 402 días, recibió 12 condecoraciones, 26 felicitaciones y registra una investigación disciplinaria.
La niñera Marelbys Meza también trabajó para Benedetti, incluso, antes de que estallara el escándalo, el entonces embajador se la llevó una semana a Caracas en un avión privado.
Esos movimientos llevaron a allegados a Sarabia a señalar a Benedetti como el artífice de un complot en su contra y quien habría filtrado información sobre el robo y las diligencias posteriores.
Dos oficiales de la Dijín
Coronel Óscar Dávila fue hallado muerto el pasado jueves, Foto:Archivo particular.
Además de esos vasos comunicantes, EL TIEMPO estableció que la línea de investigación sobre las interceptaciones ilegales conduce a la Dijín y específicamente a dos oficiales de alto rango.
Ya fue citado a declarar el capitán Carlos Correa, quien optó por guardar silencio. Pero aún falta escuchar a otro oficial implicado antes de que se tomen las primeras decisiones dentro de esta línea de investigación.
A mitad de semana, la Fiscalía reveló la evidencia científico-forense que confirma que la muerte del coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres fue un suicidio.
Además, la vicefiscal Martha Mancera fue enfática en que el oficial ni siquiera había sido citado a declarar por la Fiscalía en el caso de la exniñera.
Este es el edificio de la Dian, ubicado frente a Casa de Nariño. Foto:Google Maps
De hecho, aunque EL TIEMPO reveló que en el piso 13 del edificio Sendas de la Dian —donde quedaba la oficina de Dávila— se habría hecho una copia espejo del celular de la exniñera, su nombre nunca apareció en medios vinculándolo.
Ahora, a partir de testimonios de su familia y allegados, se indaga si estaba siendo presionado con la versión de que su captura era inminente y de que iba a ser procesado por posible secuestro y tortura.
Esas versiones —que ya recogieron los investigadores— lo habrían llevado a pedirle de urgencia a una familiar 50 millones de pesos para pagarle al abogado Miguel Ángel del Río por su defensa ante la supuesta inminencia de que cayera preso.
Citación a Miguel del Río. Foto:Archivo Miguel del Río / Fiscalía General de la Nación.
Según la versión que el coronel Carlos Alberto Feria ya rindió ante la Fiscalía, el caso del polígrafo y de la investigación por el robo se lo delegó a Dávila luego de que Sarabia lo puso al tanto.
Al respecto, Dávila habría advertido que respetó los protocolos para hacer el polígrafo y que nada tenía que ver en las interceptaciones ilegales.
Pero es claro que estaba presionado, como se lo dijeron sus compañeros a EL TIEMPO y como lo corroboró el hecho de que, además de un disparo en la cabeza, le encontraron rastros de consumo de un ansiolítico que venía consumiendo.
¿Documentos clave?
Laura Sarabia. Foto:Presidencia
“La carga de la responsabilidad está cayendo en Dávila, según algunos testimonios. Pero hay otra información relevante que implica a otros actores”, explicó una alta fuente enterada del caso.
También manifestó que se están cruzando versiones de diferentes declarantes, incluso de las denuncias y ampliaciones de denuncia por el robo.
La razón: se quiere verificar si desde un principio, además de plata, se habló del robo de unos documentos de un consejo de seguridad que Sarabia llevaba en el bolso deportivo.
Al respecto, la exfuncionaria dijo esta semana ante la Fiscalía que el maletín deportivo en el que llevaba la plata no le fue robado. Pero que además del dinero le sacaron esos papeles que ministros le habían pasado y que ella iba a revisar.
Citación a Miguel del Río. Foto:Archivo Miguel del Río / Fiscalía General de la Nación.
Este punto es clave porque, para algunos, le daría la categoría de ‘seguridad nacional’ al caso. Sin embargo, para los investigadores es claro que nada justifica transgredir normas. Además, que en la ampliación de denuncia no se mencionan esos documentos.
Tal como sucedió en el caso del coronel Dávila, la Fiscalía está a la espera de realizar nuevas entrevistas, pero esta vez en calidad de interrogatorio; y de recopilar una evidencia adicional para tomar las primeras decisiones. No se descarta que una de las personas que han sido mencionadas se acoja a un principio de oportunidad.
EL TIEMPO llamó a Rondón para validar la información, pero no respondió.
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