Reformar sin riesgos

Continúa su tránsito por el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), esto es, el esquema que determina las transferencias de la Nación a las entidades territoriales. La iniciativa de origen parlamentario, que se encuentra en su recta final de aprobación, causó una división dentro del Gobierno y disparó las alarmas de centros de estudios económicos y más de 25 exministros y exviceministros de Hacienda.

Las alertas están plenamente justificadas. El articulado proponía inicialmente elevar los recursos para los departamentos y municipios del 23,8 al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un período de 10 años. Un aumento de esa dimensión se traduciría, según cálculos de Fedesarrollo, en un esfuerzo fiscal adicional de unos 60 billones de pesos anuales. Lo anterior sin una visión clara de cuáles serían las competencias y responsabilidades, por costear con estos dineros, que se transferirían del centro a los territorios.

Este cambio en el SGP desembocaría, de acuerdo con Anif, en que al final de la transición, en 2036, el 83 por ciento de los ingresos del Gobierno central se destinarían a pensiones, intereses y estos giros a las regiones, sin espacio a inversiones y a otros rubros del Estado. Este proyecto condenaría a la Nación a una senda de inestabilidad macroeconómica e insostenibilidad fiscal, generado por un círculo vicioso de mayores impuestos y mayor gasto público.

Ayer se anunció un acuerdo entre el gobierno Petro y los ponentes para apaciguar los temores reales que ha despertado esta iniciativa. El incremento se reduciría siete puntos, al 39,5 por ciento, la transición se aumenta a 12 años y la implementación se condiciona a la aprobación de la ley de competencias. Además, los recursos para educación se amarran a cuatros años adicionales de cobertura escolar por persona, el SGP debe orientarse a cerrar las brechas regionales y condicionarse al 'Marco fiscal de mediano plazo'. Estas condiciones lograron que el presidente Gustavo Petro anunciara su respaldo al proyecto.

Si bien estas modificaciones mitigan en parte los nocivos efectos del articulado, las alarmas sobre la ruta fiscal en la que la iniciativa encaminaría al Gobierno Nacional siguen activadas. En primer lugar, la prioridad de la Casa de Nariño hoy debería estar concentrada en superar la actual crisis fiscal en vez de respaldar reformas que agudizan la presión sobre las finanzas públicas.

Además, profundizar la descentralización no es un asunto solo de recursos, sino que también requiere tanto la definición de esas competencias que las regiones asumirían como la creación de las capacidades institucionales suficientes para responder con eficiencia y sin corrupción. De hecho, este último objetivo incluye el fortalecimiento de la tributación propia en los territorios.

Claro que las regiones requieren recursos y que el Gobierno central las mire y apoye, que se busque un progreso nacional en conjunto y en todos sus niveles. Eso no está en discusión. Pero se necesita realismo. Eso implica itir que varios riesgos asociados a la reforma siguen sin ser conjurados. Gobierno y Congreso deben garantizar que no quede ninguna amenaza latente para el país de los próximos años. El camino para descentralizar con éxito combina mayores recursos con competencias, técnicamente diseñadas. Solo así esa ruta será tanto sostenible como responsable.