Clase media y reformas estructurales

A pesar del cúmulo de protestas sociales experimentadas en Chile o Colombia durante 2018-2019, los progresos sociales de las últimas dos décadas en materia de bienestar social eran contundentes. Por ejemplo, la llamada clase media ampliada (incluyendo los ‘vulnerables’) había escalado del 54 al 75 % de la población en el caso de Chile y del 53 al 63 % en el de Colombia. La contraparte de esta consolidación de la clase media se expresaba en una drástica reducción de la pobreza del 36 al 9 % en Chile y del 40 al 27 % en Colombia.

Estos buenos resultados provenían de persistir en esquemas de mercado. Pero no solo en la producción de bienes, sino también en la prestación de servicios a manos de un sector privado más eficiente que las tradicionales entidades públicas. Gracias a esto, las grandes ciudades disfrutan hoy de una buena recolección de las basuras, transporte público mejor organizado y energía con mínimas interrupciones, tal como recientemente lo destacó Vargas Lleras. También ha jugado un papel importante la creciente intervención estatal a favor de los pobres informales a través de Familias en Acción o Colombia Mayor, pero hemos venido insistiendo en la urgencia de duplicar los recursos allí asignados (aun antes de la pandemia).

El dilema que habían planteado esas protestas sociales era si se requería cambiar el rumbo de estas políticas, como muchos ‘millennials’ lo interpretaban. O si, por el contrario, lo que se requería era profundizarlo a través de recurrir a esquemas de tributación más progresivos y a un gasto más focalizado en las necesidades de los estratos bajos en salud, pensiones y educación.

Esto último ya venía ocurriendo, luego estoy convencido de que lo requerido es profundizar (y aún más en pospandemia) este buen curso que traía nuestro balance socioeconómico. Lo anterior no desconoce la existencia de problemas estructurales a nivel de corrupción, que han venido siendo liderados desde los entes territoriales. También urge buscar mayor equidad, dado que nuestro Gini de ingresos es todavía del 0,48 y el de riqueza, del 0,85. Ambos son de los más altos de la región.

Pero para lograrlo no se requiere (como muchos creen) continuar elevando las tasas impositivas de los hogares, pues la tasa efectiva de tributación ya raya en un 30 %, frente al 5 % que tenían muchos estratos altos antes de las leyes aprobadas secuencialmente en 2012, 2016, 2018 y 2019.

El gran dilema es el papel que estará jugando esa clase media ampliada durante 2020-2022 respecto de los ajustes estructurales tributarios, laborales y pensionales, que deberán ahondarse en pospandemia. Como bien lo argumentan Acemoglu y Robinson (2019), esa clase media democrática fue presa del populismo de derecha nazi, tras los intentos de inclusión social bajo la Alemania-Weimar de los años 1920. Algo similar había ocurrido con los intentos progresistas de Frei en Chile durante los años 1960, los cuales terminaron en el Estado despótico de Pinochet.

Entonces, lo que Colombia requiere es afianzarse a ese ‘estrecho corredor’ por el que transitan el Estado (instituciones) y la sociedad civil frente al clamor por ‘libertades’ políticas y mayor equidad económica. Nuestra desventaja es, de una parte, la fragilidad fiscal resultante de no haber ahorrado lo suficiente en las épocas de bonanzas minero-energéticas (2005-2015). Y, de otra parte, también nos debilita la naturaleza de nuestra clase media ampliada, más fundamentada en su interés económico cortoplacista que en valores de buenos ciudadanos hechos a pulso en carreras de largo plazo. Los impulsos de la informalidad y del narcotráfico han arrastrado hacia clase media ampliada a una porción arribista que bien podría amenazar nuestro ‘estrecho corredor’ democrático-liberal.

SERGIO CLAVIJO