La política sobre los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) buscaba eliminar cientos de millones de dólares en financiamiento destinado a los llamados "gastos indirectos" en investigaciones sobre enfermedades como alzhéimer, cáncer y afecciones cardíacas.
Estos costos incluyen desde ensayos clínicos hasta investigaciones de laboratorio fundamentales para el desarrollo de nuevos tratamientos.
Ante la medida, un grupo de 22 estados y diversas organizaciones que representan a universidades, hospitales e instituciones de investigación presentaron demandas argumentando que los recortes causarían un "daño irreparable".
La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Angel Kelley ya había bloqueado temporalmente la implementación de la política el mes pasado. Sin embargo, este miércoles emitió una orden judicial preliminar que prolonga la suspensión mientras continúan los litigios.
Funcionarios actuales y anteriores del sector salud expresaron su sorpresa por el intento de recorte y subrayaron que las autoridades federales ya aplican un control estricto sobre los fondos asignados. "Luchamos con todas nuestras fuerzas para mantener las tasas bajas", aseguró un exfuncionario de salud que trabajó durante años con el equipo encargado de auditar estos costos.
Los recortes apuntaban directamente al sector de la salud en Estados Unidos. Foto:iStock
Las diferencias en el área de salud entre la istración Biden y la de Trump
El NIH, que es el principal financiador de la investigación biomédica en Estados Unidos, otorgó alrededor de US$35.000'000.000 en subvenciones el año pasado. Estas se dividen en "costos directos", que cubren salarios e insumos de laboratorio,y "costos indirectos", que incluyen gastos istrativos y operativos esenciales para la investigación, de acuerdo a lo detallado por CBS News.
La istración Trump había calificado estos gastos como "sobrecostos", pero universidades y hospitales argumentan que son esenciales. Incluyen el suministro eléctrico para equipos sofisticados, la eliminación de residuos peligrosos, el personal encargado de la seguridad en los laboratorios y los trabajadores de limpieza.
Bajo la gestión anterior, el gobierno negociaba con cada institución el porcentaje destinado a estos costos. En algunos casos, por cada US$100.000 otorgados para una investigación, se sumaban otros US$50.000 en gastos indirectos. La nueva propuesta establecía un límite fijo del 15 por ciento, con el objetivo de ahorrar US$4.000'000.000 al año.
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