Editorial
En Florida, ordenan a la policía frenar la aplicación de esta ley migratoria
• El fiscal general de Florida emitió una orden para que las autoridades policiales respeten una normativa.
• ¿De qué reglamentación se trata y cómo afecta a los inmigrantes?
La nueva ley de Florida por la que ICE detuvo a un joven a pesar de tener ciudadaníaOrdenan a la policía de Florida frenar la aplicación de una ley migratoria Foto: iStock
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Luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgara una ley que establece sanciones penales para ciertos inmigrantes, la Justicia estatal ordenó a la policía frenar su aplicación. ¿Cuáles son los motivos?
El fiscal general del estado del sol, James Uthmeier, emitió una ordenanza a las autoridades policiales para que no continúen implementando una normativa recientemente aprobada en el territorio que apunta al ingreso indebido de algunos extranjeros.
Esta medida se tomó luego de que la jueza federal de Miami, Kathleen Williams, expresara su asombro al enterarse de que continuaban los arrestos a esta comunidad pese a su prohibición.
Las razones detrás de esta orden en Florida
Según explicaron las autoridades judiciales, esta instrucción se aplicó tras una audiencia donde se reveló que al menos 15 personas, incluyendo un ciudadano estadounidense, fueron detenidas en las últimas dos semanas violando una orden emitida el 4 de abril.
La jueza Williams había prohibido hacer cumplir la ley estatal que penalizaba la entrada de inmigrantes indocumentados al estado. Sin embargo, según abogados defensores de esta comunidad, las detenciones siguieron ocurriendo principalmente por parte de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por su sigla en inglés).
Según había establecido la magistrada, todos los funcionarios estatales y agentes policiales están sujetos a cumplir su orden.
El pedido de las autoridades a las fuerzas del orden de Florida
Al tomar esta decisión, Uthmeier pidió tanto a la FHP como al Departamento de Policía y a los alguaciles que respetaran la orden federal. En tanto, la próxima audiencia está programada para el 29 de abril y será determinante para evaluar si el estado enfrenta consecuencias legales por desacato.
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