Cali, Valledupar y Bogotá, los centros transitorios más inhumanos: Defensor

Este martes, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, presentó un balance sobre las visitas realizadas a centros transitorios a nivel nacional, en las que se evidenciaron graves deficiencias para la atención de las personas privadas de la libertad.

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La entidad realizó visitas a diferentes estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en las que continúan presentándose las condiciones que llevaron a que en 1998 la Corte Constitucional declarara que existe un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario.

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“En el territorio pudimos constatar que, tras la pandemia, los establecimientos penitenciarios y carcelarios están restringiendo el ingreso de personas condenadas y esto agrava la situación de los centros de detención transitoria que son espacios diseñados para permanecer máximo 36 horas y donde permanecen incluso hasta dos años”, dijo el Defensor.

La entidad realizó 50 visitas en terreno y corroboró, entre otras cosas, que la Estación de Policía de Maicao, La Guajira, "está a la cabeza de los centros de detención transitoria más inhumanos, ya que se vulneran de manera grave la dignidad humana y los derechos de los privados de la libertad. Allí, aunque la capacidad es para 30 personas, al momento de la visita se evidenció que estaban recluidas 262 personas (un hacinamiento del 773 por ciento), quienes deben pernoctar en los baños, los cuales producen olores nauseabundos, o en hamacas unos encima de otros”, aseguró Camargo.

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En el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está también la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali, con una sobrepoblación del 3.220 por ciento, pues aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad.

En el balance de la Defensoría le siguen la estación de Candelaria en Valledupar, Cesar, en donde existe un hacinamiento del 1.396 por ciento; Puente Aranda en Bogotá (889 por ciento), Maicao (773 por ciento), Itagüí, Antioquia, (653 por ciento), Ibagué, Tolima, en el centro de detención transitoria Permanente Central (620 por cineto), Santander de Quilichao en Cauca (570 por ciento), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530 por ciento), la Sijín de Valledupar (374 por ciento) y Santa Marta (372 por ciento).

“El hacinamiento sigue siendo el problema más grave, pues se traduce en ausencia de espacios para dormir, consumir alimentos y desarrollar cualquier tipo de actividad, sin contar que propicia la propagación de epidemias”, dijo el Defensor del Pueblo.

Además del hacinamiento, el Ministerio Público también evidenció que en la alimentación no se cumplen los estándares de calidad y cantidad por parte de las empresas contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec). Además, falta mantenimiento en las áreas utilizadas para la producción de los alimentos y espacios adecuados para el consumo.

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Así mismo, la Defensoría se percató de que en Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó, Amazonas y Meta existe una constante interrupción en el suministro de agua y falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

También hay vulneraciones al derecho a la salud, pues no se entregan los medicamentos y existe retraso en la asignación y cumplimiento de citas. De la misma forma, existen barreras para acceder a servicios judiciales.

Finalmente, a todo esto se suma que las personas condenadas que permanecen en centros transitorios no pueden ejercer actividades de resocialización.

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