Centros Poblados: Fiscalía solo negociará con quien dé información clave
La Fiscalía avanza en la recolección de nueva información sobre irregularidades.
Emilio Tapia (con tapabocas) y su abogado. Foto: EL TIEMPO
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Aunque varios de los enredados en la investigación por el cuestionado contrato de Centros Poblados con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) están buscando acercamientos para obtener beneficios judiciales, la Fiscalía ha establecido unos parámetros claros que deben cumplir para lograr algún acuerdo.
Voceros oficiales señalaron que el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana no ha ofrecido colaboración judicial a cambio de beneficios, y que de hacerlo, el tema sería estudiado.
En todo caso, dijeron que Tapia Aldana, o cualquier otro vinculado al escándalo, tendrá que garantizar información nueva y relevante para poder avanzar en posibles beneficios.
El contratista tendría la información sobre políticos tras sus negocios ilegales. Ya en el marco de la investigación del 'carrusel de la contratación' en Bogotá, el primer escándalo de corrupción por el que fue condenado Tapia Aldada, había delatado a políticos y funcionarios.
Los fiscales del caso solo estudiarían posibles acuerdos con quienes delaten a personas que hasta ahora no hayan sido enredadas o que hayan participado en otras irregularidades en nuevos contratos.
El ente acusador considera que tiene un caso sólido que le permitiría llegar a condenas contra los vinculados a la investigación, por lo que el nivel de exigencia para obtener beneficios será alto.
Por ahora, los primeros que han entregado información fueron Jorge Alfonso Molina y Juan Carlos Cáceres, quienes ya fueron escuchados por los fiscales del caso. Esas declaraciones iniciales incluso fueron usadas por el ente acusador en la audiencia de imputación de cargos contra Tapia Aldana y los otros dos capturados.
Sin embargo, ninguno de ellos ha sellado ningún acuerdo o se le ha concedido principio de oportunidad.
La decisión de los primeros vinculados de colaborar podría desatar una puja de ofrecimientos a la Fiscalía, que solo firmará acuerdos con las personas que tengan evidencias que apoyen sus afirmaciones.
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