El próximo 8 de marzo, desde las 8 a. m., se realizará la diligencia de indagatoria del excongresista David Barguil, quien es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
En particular, los hechos que enredan al también excandidato presidencial tienen que ver con que como congresista, supuestamente habría influido ante el Gobierno para que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en Galeras (Sucre), a cambio de beneficios económicos ilícitos.
Como lo publicó EL TIEMPO en su momento, esas gestiones indebidas se habrían hecho entre 2017 y 2018 ante del Departamento istrativo para la Prosperidad Social (DPS), y este caso llegó a la Corte por una compulsa de copias de la Fiscalía, que en enero de 2022 capturó al exalcalde de Galeras (Sucre), Remberto Javier Amell Hernández.
De acuerdo con el expediente reservado que cursa en la Corte Suprema, cuando Barguil era representante a la Cámara al parecer habría gestionado el desembolso efectivo de una partida presupuestal proveniente de los llamados ‘cupos indicativos’ para cumplir con el convenio istrativo 480 de 2017 suscrito entre el DPS y la Alcaldía. Pero eso no lo habría hecho para que realmente se lograra la construcción de carreteras, sino para obtener un beneficio económico ilícito tanto para él como para el adjudicatario de las obras.
De acuerdo con la inspección que hizo la Corte al proceso que se le sigue a Amell Hernández y a los hermanos Jorge Carlos y Héctor Julio Álvarez Rivero (también detenidos), los elementos de prueba que allí existen corroborarían la existencia de un entramado criminal para garantizar recursos para obras en Galeras con las gestiones indebidas de congresistas, entre quienes estaría Barguil.
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