En un fallo de segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) confirmó la suspensión por un mes contra la entonces fiscal Gladys Yolanda León, quien para la época de los hechos hacía parte del ente acusador en El Charco, Nariño.
La razón de apartarla temporalmente del cargo que ostentó durante varios meses es porque no reportó la declaración de bienes y rentas, así como sus eventuales conflictos de interés correspondientes al año 2019, algo que es una obligación para estos funcionarios públicos.
Al encontrarse que la fiscal seccional no publicó en la página web de Función Pública esa documentación, se le abrió una investigación en la Comisión de Disciplina Judicial de Nariño el 15 de junio de 2022.
Magistrados Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Foto:Rama Judicial
Esa vez se incorporó "como prueba el certificado de la Subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico (E) de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido que la disciplinada no diligenció los formatos consagrados en la Ley 2013 de 2019 para el año gravable 2019", explicaron oficialmente.
El 15 de septiembre de 2022, la Comisión de dicho departamento la sancionó con un mes por fuera del cargo, tiempo en el que Gladys Yolanda León dejó de recibir su salario. Esa vez, la autoridad judicial indicó que la fiscal -quien dejó la entidad en 2021- incurrió en una falta grave a título de culpa, a la luz del artículo 242 del Código General Disciplinario.
La decisión fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal. Foto:Cortesía
El caso llegó a la CNDJ, que con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez reiteró que la fiscal sí incurrió en una falta al no cargar sus datos en bases oficiales. "Para la Corporación está claro que la funcionaria omitió esa obligación para el periodo del 2019 en la anualidad ulterior, pasando por alto tanto el plazo previsto en la circular No. 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, como las prórrogas subsiguientes hasta el 30 de noviembre de 2020", indicó la CNDJ en un comunicado.
A la entonces funcionaria de la Fiscalía, la sanción de un mes se le convierte en la imposición de un salario mínimo devengado para el año 2020, producto de la falta disciplinaria cometida.
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