Mayerly López y Hernán Morantes son una pareja de defensores del Páramo de Santurbán que, en varias ocasiones, han manifestado abiertamente su inconformismo y rechazo a que empresas como Aris Mining, de Canadá, realicen minería a gran escala dentro del páramo.
Los ambientalistas sostienen que esta actividad provocaría un grave daño al agua de los santandereanos al contaminarla con mercurio.
Debido a su postura firme, se presume que han sido víctimas de hostigamientos, estigmatización y amenazas que ponen en riesgo sus vidas.
Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado el cese inmediato de las intimidaciones contra estos del Comité de Santurbán.
Onu rechaza amenazas de ambientalistas Foto:Tomada de la Página de la ONU
Esta petición se encuentra en una carta enviada a las mineras Aris Mining y Proyectos Soto Norte, así como al gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de evitar que estas amenazas representen un peligro para su integridad.
"Para nosotros esto es un gran respaldo de las Naciones Unidas, porque le exige al gobierno nacional investigar esta campaña de estigmatización y estas amenazas, pero también le oficiaron al gobierno de Emiratos Árabes, al de Canadá, para poner en conocimiento estos hechos y que así puedan parar las estigmatizaciones", dice en EL TIEMPO Hernán Morantes.
Reacción del Comité de Santurbán ante pronunciamiento de la ONU Foto:X del Comoté de Santurbán
Las amenazas
Entre las amenazas denunciadas se incluyen intimidaciones como la posibilidad de arrojar a uno de los ambientalistas al río, la prohibición de ingresar a la provincia de Soto Norte y la distribución de panfletos amenazantes.
Estos actos de estigmatización habrían sido dirigidos tanto a Mayerly López como a Hernán Morantes.
Según las víctimas, existen pruebas que respaldan estas denuncias, las cuales fueron enviadas a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Como resultado, esta entidad se ha pronunciado para instar a que cesen las amenazas y evitar una escalada en la gravedad de la situación.
"A mí me han golpeado, me han dicho que me van a tirar al río de Suratá, no declaran como personas no gratas y las cosas se pueden poner peor cuando el proyecto minero no se pueda realizar", asegura el abogado Morantes.
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