Ciudad de Mallorquín: el controvertido desarrollo urbano que divide a Puerto Colombia

Ciudad Mallorquín es el imponente megaproyecto de viviendas que a buen ritmo se desarrolla en una de las áreas de mayor expansión urbanísticas del municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, pero que en estos momentos genera posiciones encontradas.

(Además :  La marcha de los comerciantes exigiendo seguridad en Barranquilla)

El complejo habitacional se desarrolla sobre la carrera 53 entre y la ciénaga de Mallorquín, terrenos de explotación de la empresa Argos, que luego de su explotación pasaron a ser un bosque.

Ahora están por lo menos diez constructoras, entre las que están Bolívar, Marval, Amarilo, Colpatria y Amarilo, entre otras. Generará más de 2.000 empleos y duplicará el recaudo predial de Puerto Colombia. Este proyecto, además, implica la circulación en la economía de más de 165.000 millones de pesos que invertirá de manera directa Grupo Argos y más de 2,2 billones de pesos por parte de los constructores que participan con proyectos de vivienda.

Aquí se levanta unos 16 mil apartamentos en un área de 78 hectáreas, y permitirá soluciones de vivienda a no menos de 60 mil personas, que desde las imponentes torres tendrán vista a la ciénaga de Mallorquín, el mar Caribe y el río Magdalena y con lo que según Argos: “permitirá reducir el déficit habitacional”.

Hasta aquí todo bien, un proyecto de gran impacto, en cuyo lanzamiento, hace dos años, contó con la presencia del Ministro de Vivienda, de entonces, Jonathan Malagón, además de las autoridades de Puerto Colombia.

Pero hay quienes tienen otra mirada del asunto y califican al proyecto como una grave amenaza ambiental para el ecosistema de la ciénaga de Mallorquín, considerada como la última joya que le queda al ecosistema natural de Barranquilla, y en donde la capital del Atlántico ha hecho grandes apuestas para recuperar el cuerpo de agua, y convertirlo en un ecoparque.

(Lea : Preocupación en Barranquilla por el desabastecimiento de más de 20 medicamentos)

A esto se suma el problema de movilidad que ocasionará este proyecto tanto a Puerto Colombia como a Barranquilla. Según el economista Jorge Vergara Carbó son alrededor de 15.000 vehículos de los residentes en ese proyecto que se movilizarán diariamente, más los vehículos de los visitantes y residentes en esa zona del área metropolitana que no cuenta con grandes vías.

“¿Por qué no sacrifican utilidades y en vez de construir 18.000 apartamentos, que causarán trauma, solo construyen 5.000 apartamentos, o un número que no sobrepase de los 8.000? Las utilidades que Argos ha obtenido por el cambio del uso del suelo han sido grandes”, sostuvo en una reciente columna de opinión en El Heraldo.

Otro que ha renovado sus críticas hacia el proyecto de Ciudad Mallorquín de la empresa Argos es Nicolás Renowitzky, exsecretario de Planeación del Distrito y exgerente general de Edubar.

Renowitzky señala que el anuncio de la compañía sobre la construcción de dos nuevas vías entre Barranquilla y Puerto Colombia es engañoso, ya que estas vías formarán parte de la mega urbanización de Ciudad Mallorquín y no serán carreteras públicas como se sugiere. Según él, esta estrategia intenta confundir a la opinión pública sobre la verdadera naturaleza del proyecto.

Una de las voces que se ha llamado la atención del proyecto es la del director de Protransparecia Horacio Brieva, quien se refiere a la devastación del bosque seco tropical para darle paso a los edificios, lo cual, asegura, acabó con una zona de amortiguación de la ciénaga de Mallorquín, lo que denomina como crimen ecológico.

“Si este arrasamiento con fines mercantilistas no es un crimen ecológico, ¿entonces qué es?”, subraya Brieva, quien indica que el proyecto permitirá ampliar la base predial del municipio de Puerto Colombia a costa de talar un bosque.

Otro que se ha pronunciado sobre el tema es el exvicepresidente de Colombia y exembajador en Cuba, Gustavo Bell, quien realizó un análisis para la revista digital Contexto, en el que alerta sobre la proliferación de urbanizaciones entre la prolongación de la Vía 40 y la carrera 53, que ha implicado una deforestación masiva del bosque seco tropical.

Bell reconoce que los proyectos están amparados en la legalidad, al contar con todos los permisos, además de no negar que tienen buen diseño arquitectónico y generaran un buen número de empleos durante su construcción. No obstante se pregunta: “si ese POT priorizó en sus disposiciones la protección del interés público, o por el contrario privilegió una visión mercantilista de esos terrenos”.

“La sed de ganancias a toda costa, así traigan graves consecuencias como arboricidios, ecocidios o catástrofes, primó por encima del bien común”, subraya en un artículo para Las 2 Orillas Norman Alarcón, un reconocido líder social de Barranquilla.

Así mismo están las denuncias de la abogada y líder social del barrio Las Flores, María Correa, quien ha realizado plantones para protestar contra este proyecto y salir, sostiene ella : en de defensa del medio ambiente, la justicia ambiental y la crisis climática.

Correa denuncia la permisividad de las autoridades locales de Puerto Colombia y de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

“Estamos padeciendo y el exterminio de nuestros Bosques secos tropicales, que en el caso del Grupo Argos, en esta ocasión atenta contra un ecosistema de 80 hectáreas que otrora pertenecían a la clasificación zona de amortiguación de la Ciénaga de Mallorquín, en el instrumento POMCA 2006, modificado recientemente por la CRA para permitir la devastación del ecosistema asignándole la categoría de área de expansión urbana”, sostiene.

La CRA aclaró que no es la autoridad istrativa que tiene la competencia para autorizar desarrollos urbanísticos en determinado territorio, al indicar que es función de la alcaldía, en este caso de Puerto Colombia, a la que este diario intentó ar y no fue posible obtener una respuesta.

También precisa que el predio denominado ‘Pajonal’,  donde está el proyecto, no corresponde a un área protegida o reserva forestal, es decir que permite esos desarrollos urbanísticos.

Y en la misma respuesta los abogados de la CRA precisan que, “la zona de interés, no existe ninguna categoría de zonificación o de clasificación denominada ‘zona de amortiguación de la ciénaga’”.

El Grupo Argos salió a dar las explicaciones sobre el proyecto. Lo primero que señalaron es que el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrográfica, (POMCA), de la Ciénaga de Mallorquín, el proyecto se encuentra localizado en un área zonificada como de expansión urbana, por lo tanto cuenta con las disposiciones legales y ambientales.

Detallan que De las 78 hectáreas, 45 serán usadas en proyectos vivienda inclusivos, 17 en zonas verdes y parques, entre los que está el más grande del área metropolitana de Barranquilla, y 17 donde se construirán 12 kilómetros de nuevas vías y 4,5 kilómetros de ciclo rutas.

Sobre la tala y afectaciones que podría tener en el ecosistema de la ciénaga de Mallorquín, precisan que la construcción del proyecto se planeó de forma que generará el menor impacto posible para asegurar la sostenibilidad del cuerpo de agua, y su impacto está siendo mitigado con acciones como la instalación de dos viveros comunitarios que producirán 10.000 plantas de mangle cada año, alimentando las siembras en la ciénaga, que hoy ascienden a 50.000 plántulas, y más de 230.000 árboles nativos de bosque seco tropical en ‘Luriza’, una de las pocas áreas de bosque seco tropical en el país bajo figura de protección, entre otras acciones.

“La vegetación intervenida para construir Ciudad Mallorquín fue catalogada como secundaria o en transición y no corresponde bosque seco tropical de acuerdo con la definición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, subraya la compañía para “Ciudad Mallorquín cuenta con una estrategia integral de sostenibilidad que nos ha llevado a implementar acciones de restauración activa en ecosistemas estratégicos”, indicó Ilva Gómez Gerente Legal y de Sostenibilidad Negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos.

(Le puede interesar leer : Inseguridad en Barranquilla: anuncian regreso del helicóptero ‘Halcón’ y 300 policías)

Así mismo, el Grupo Argos precisa que en los últimos 10 años ha pagado al Distrito de Barranquilla más de 200.000 millones en impuestos predial y de valorización. También ha destinado más de 2 millones de metros cuadrados para aumentar el espacio público por habitante de 1,5 metros cuadrados a 6 metros cuadrados, superando a ciudades como Bogotá y Medellín.

“Estas parecen batallas perdidas, pero hay que seguir librándolas”, dice Brieva en una de las columnas que ha escrito sobre el tema en el diario local El Heraldo, en donde al final está proponiendo conformar una mesa de diálogo y concertación de los actores privados, institucionales y sociales que lograra un pacto para detener la destrucción del bosque seco tropical en esta área.

Por su parte Correa asegura que lo más complicado de esta situación ha sido la poca información que hay y por eso anuncia que están buscando la figura jurídica que les permita interponer alguna acción.

EL TIEMPO habló con Melisa Obregón, la facilitadora territorial del Atlántico de la subdirección de Educación y Participación del Ministerio del Medio Ambiente, quien confirmó que se han recibido varias solicitudes del sector del barrio Las Flores para realizar control social a las obras.

Obregón dijo que en estos momentos se está a la espera que desde el Ministerio se organicen unas mesas de diálogo social en donde se sienten las partes involucradas a buscar puntos de acuerdo.

Lo cierto es que hasta el momento las autoridades ni los gremios de la construcción o económicos se han pronunciado sobre esta pelea que cada día se calienta más en la ciudad. 

En este contexto, se espera que las autoridades locales jueguen un papel fundamental en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente, garantizando así un futuro sostenible para esta zona del Caribe colombiano y sus habitantes.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com o en X:@leoher70