Procuraduría pide suspender obras en cerros orientales de Bogotá
La solicitud del ente de control se hace para impedir nuevas construcciones en la reserva forestal.
La construcción no tenía permiso para cimentarse en los cerros orientales, pues es una reserva natural, indicó la CAR. Foto: Archivo EL TIEMPO
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La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal istrativo de Cundinamarca que ordene a la Corporación Autónoma Regional (CAR) comenzar con la ejecución de las medidas preventivas decretadas en noviembre del 2018, con el fin de suspender cualquier actividad de construcción en la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá.
Este órgano de control advirtió, a través de tres acciones de cumplimiento, que no basta con decretar la medida preventiva mediante acto istrativo, “sino que se debe ejecutar y materializar acciones para impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el miedoambiente”.
Además, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que ordenara a la CAR, en un término de 48 horas, cumplir dichas medidas preventivas de obras que se ejecutan en predios como El Descanso, Popayán y El Tambo en la localidad de Chapinero.
Hasta la fecha, las construcciones Bambú y Monterodro tienen orden de demolición por estar ubicadas en esta zona, la cual hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La Procuraduría también promovió incidente de desacato contra las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que prohibió nuevas construcciones en esa área protegida.
Las construcciones
Una de las obras ilegales que se encuentra en Bagazal es Bambú. Fue sancionada con orden de demolición en 2016, pero los dueños desacataron la orden. Por esta razón, el 22 de mayo la CAR abrió el proceso contractual para el desmantelamiento, demolición manual y retiro de la estructura, la cual espera ejecutarse en agosto del 2019.
La segunda obra es Monterodro, que tiene orden de demolición desde diciembre del 2018 y una multa que supera los 470 millones de pesos. En este caso está en estudio el recurso de reposición interpuesto por los propietarios del predio.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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